La publicación de un informe investigativo un viernes en la noche dejó al municipio sin remedios.

La jueza superior Iris Cancio González determinó el viernes que la movida de la Oficina del Contralor (OC) de publicar un informe investigativo cuya divulgación el Municipio de Cataño intentaba evitar tornó académicos los reclamos legales que el ayuntamiento levantó al respecto.

El municipio sostiene que la Contraloría publicó el informe horas después de que se le diligenciara una orden de mostrar causa en el pleito que sometieron para evitar la publicación. Luego de la publicación el 15 de mayo pasado, el alcalde Julio Alicea Vasallo realizó una conferencia de prensa en la que intentó rechazar los hallazgos, pero realmente los aceptó bajo el argumento de que no eran delitos de corrupción, sino solo deficiencias administrativas.

El informe da cuenta de que en dos computadoras del municipio se encontró material electoral, de campaña política y “bases de datos de electores”; que había su usado su cargo indebidamente cuando apareció en una actividad oficial con ropa alusiva a su candidatura y con equipo de sonido de su campaña; que otorgó un nombramiento en el municipio a su nuera sin que tuviera los credenciales que requería el cargo; pagos indebidos por servicios legales; uso de equipo municipal para extracción y depósito de arena en propiedad privada; deficiencia general en las bitácoras de los vehículos municipales que no permiten precisar en qué se usaron durante fines de semana o días feriados, así como uso de un vehículo para trasladarlo a una actividad política; y que se facturaron al municipio artículos de su campaña, así como que los elementos gráficos del ayuntamiento y los de su campaña eran similares.

Alicea Vasallo primero fue al tribunal a buscar una orden para que se le prohibiera la publicación del informe a la OC hasta que ellos pudieran revisarlo y, después de la publicación, para que el tribunal ordenara la despublicación del mismo alegando que se había cometido un “desacato indirecto” al tribunal.

La jueza había dicho ya que no tenía facultad para ordenar que se deshiciera la publicación del informe. Ahora en su sentencia final, concluyó que ese acto de la Contraloría dejó al tribunal sin jurisdicción.

“Según los hechos del caso y el derecho aplicable, nos encontramos ante una controversia que dejó de ser real. Si bien el Municipio presentó una Petición buscando acceso previo al borrador y la paralización de la publicación, lo cierto es que el Informe ya es público a esta fecha. En consecuencia, la Petición se volvió académica pues no existe una controversia susceptible de adjudicación y entrar en los méritos del caso no tendría efectos prácticos”, dijo la jueza.

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