El senador del PNP asegura que Fortaleza rechazó uno de los dos destaques que solicitó y sostiene que la medida responde a diferencias con el Ejecutivo.

El senador del PNP, Héctor Joaquín Sánchez denunció este martes que el Ejecutivo no autorizó uno de los dos destaques que había solicitado para su oficina legislativa y alegó que la determinación responde a represalias contra legisladores que han cuestionado decisiones de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.

En entrevista con NotiCel, el legislador sostuvo que recibió una llamada del Secretario Auxiliar de la Gobernación, el licenciado Carlos Rivera Justiniano notificándole que cuatro empleados no continuarían destacados y que la decisión respondía a una determinación de La Fortaleza.

«Nosotros bajamos voluntariamente a dos destaques por senador para no abusar del mecanismo. Sin embargo, el que yo había solicitado y que era indispensable para el funcionamiento de mi oficina no fue autorizado», afirmó.

Sánchez explicó que el empleado rechazado desempeñaba funciones clave como director de su oficina y de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, la cual preside. Indicó que el recurso era esencial para atender la carga legislativa y el servicio a los constituyentes.

El senador recordó que los destaques han servido durante años para compensar la reducción presupuestaria que enfrentó la Asamblea Legislativa tras los recortes impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal, permitiendo mantener personal de campo para atender gestiones ciudadanas en los municipios.

Aunque reconoció que la gobernadora tiene la facultad de decidir sobre la asignación de recursos humanos del Ejecutivo, cuestionó que la medida no se haya aplicado de forma uniforme.

«Si a legisladores de minoría y a otros compañeros se les aprobaron sus dos destaques, ¿por qué a Jamie Barlucea y a mí no? Eso demuestra que la lista que alegadamente enseñó Abel Nazario sí existe», sostuvo, en referencia a la controversia surgida el mes pasado sobre una supuesta lista de empleados cuyos destaques no serían renovados.

El legislador fue más allá al asegurar que quienes han disentido públicamente de algunas decisiones del Ejecutivo son los primeros afectados.

«Los disidentes somos los primeros en la línea de fuego», expresó. «Cuando levantamos banderas sobre asuntos que entendemos están mal, se nos castiga».

Sánchez insistió en que el Senado ha respaldado la agenda legislativa de la administración, al asegurar que se ha aprobado más del 90% de las medidas de administración y la totalidad de los nombramientos enviados por La Fortaleza.

A preguntas sobre su mensaje a la gobernadora, hizo un llamado a fortalecer la comunicación entre el Ejecutivo y el Senado y a respetar el rol fiscalizador de la Asamblea Legislativa.

«Nuestro deber constitucional es ofrecer consejo y consentimiento. Si vemos situaciones que entendemos incorrectas, tenemos la responsabilidad de señalarlas. Mi llamado es a que se permita que el Senado haga ese trabajo», concluyó.