El Senado aprobó el martes su proyecto 1033, que revisa, por primera vez desde 1987, los honorarios que pueden cobrar los notarios por distintos trámites para establecer mínimos de compensación que no estarán sujeto a negociación entre las partes.

La medida, del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, tuvo el respaldo del Colegio de Abogados y Abogadas, el Colegio Notarial, el Instituto del Notariado Puertorriqueño y un grupo de 51 notarios. A su vez, tuvo la oposición de los grupos de Realtors, Constructores, Bancos y Bancos Hipotecarios.

Entre los cambios, se establece que el mínimo a cobrar por declaraciones juradas es $50, los instrumentos de objetos valuables cuyo valor no exceda de $10,000 sube de $150 a $600, y las cancelaciones de hipoteca suben del 0.5% del principal al 1% (o al menos $400). En su oposición, los bancos hipotecarios dieron ejemplos de cómo aumentan los costos de transacción en las hipotecas. Entre estos, si la tasación de la propiedad es $200,000, aumenta por $1,550; si es de $400,000, aumenta por $3,350; y si es de $800,000, aumenta por $6,700.

La pieza legislativa también busca limitar la discreción en la negociación de honorarios y requerir el pago inmediato de todos los aranceles y honorarios al momento de la autorización del instrumento público. De igual forma, contempla la imposición de penalidades por incumplimiento, a los fines de asegurar que las disposiciones sobre honorarios notariales se cumplan de manera efectiva.

El Senado aprobó también su proyecto 983 que establece la “Ley de Cátedras Dotadas e Incentivos Contributivos”. Esto crearía un programa mediante el cual personas naturales y jurídicas podrán realizar aportaciones destinadas a dotaciones permanentes para sostener cátedras, plazas o becas docentes en cualquier recinto acreditado de la Universidad de Puerto Rico. A cambio, los donantes cualificados podrán acogerse a deducciones contributivas preferenciales que buscan incentivar mayores aportaciones al sistema universitario público.

Fue aprobado, además, el Proyecto del Senado 1259, que propone enmendar la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a los fines de reducir de seis meses a tres meses el tiempo de espera para que una persona menor de 18 años, pero mayor de 16 años, con licencia de aprendizaje, pueda obtener el certificado de licencia de conducir.

Por su parte, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto del Senado 1086, que establece que corresponderá al Tribunal de Primera Instancia tener la jurisdicción primaria exclusiva para dirimir controversias que surjan en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico. Para este cambio en la Ley de Condominios, se ordena al Poder Judicial establecer una Sala Especializada de Adjudicación de Controversias de Condominios en cada región judicial.

La Cámara también aprobó su proyecto 379, de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, para enmendar la “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”, a los fines de integrar la obligación de transparencia en la divulgación de escalas salariales en los procesos de reclutamiento, traslados y promociones. Esto busca eliminar una práctica común en el mercado laboral, de omitir las escalas salariales o los beneficios marginales que habrán de recibir los empleados contratados, colocándolos en desventaja al momento de ser contratados, algo que impacta particularmente a las mujeres por la desigualdad salarial que pueden experimentar con relación a los hombres.

También, dio paso a la propuesta legislativa que establecería un período de amnistía de 60 días para la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o adquiridas de forma incidental. La Resolución Conjunta de la Cámara 353 obtuvo el favor unánime del pleno durante los trabajos de la sesión legislativa y persigue atender situaciones que han sido identificadas en la práctica, como armas heredadas sin registro formal, armas con licencias expiradas, municiones acumuladas y armamento en desuso que permanece en residencias.

En una acción que incide directamente sobre un pleito pendiente en el tribunal federal, la Camara aprobó también su proyecto 1304 que deroga el esquema de inspección de carga en los muelles bajo el que se contrató a la empresa S2 Service Puerto Rico LLC. La Oficina del Contralor ha señalado la inutilidad de las inspecciones por las que cobra la empresa. La Junta de Control Fiscal cuestionó la contratación y el gobierno la canceló, pero hay una pugna en la que la empresa reclama el pago de $100 millones, aún con la cancelación del contrato. El proyecto de ley también destaca que las prácticas de seguridad portuaria han evolucionado desde la implementación de la Ley 12 y, actualmente, las estrategias más efectivas de inspección se fundamentan en modelos de análisis de riesgo, inteligencia y selección dirigida de cargas sospechosas