La organización ÚNETE señaló que en los pasados años se han reportado más de tres escándalos relacionados con escuelas chárter en Puerto Rico.

El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública denunció hoy un plan gubernamental para desmantelar el sistema de educación pública del país, mientras el Departamento de Educación continua desviando fondos públicos a corporaciones privadas a través de la otorgación de contratos desde la Oficina de Escuelas Públicas Alianza.

Desde el año 2018 se han autorizado un total de 21 escuelas chárter en Puerto Rico y existe la intención de abrir cinco escuelas adicionales. Según datos revelados por el Departamento de Educación, la agencia asigna cerca de $50 millones anuales para financiar estas escuelas.

La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez sostuvo que “de ser aprobadas las cinco escuelas chárter adicionales, el Departamento estará desviando un total de 60 millones de dólares en fondos públicos – o sea, un estimado de dos millones a cada escuela nueva – para continuar expandiendo este modelo de privatización que se ha comprobado no está siendo fiscalizado adecuadamente’’.

Un informe realizado por la Oficina del Inspector General (OIG) reveló que el Departamento de Educación tiene deficiencias significativas en su proceso de fiscalización sobre el desempeño de las escuelas chárter. El informe también concluyó que estas deficiencias impiden el cumplimiento de fiscalización de las escuelas chárter. Asimismo, responsabilizó a la Oficina de Escuelas Públicas Alianza de acoger diez acciones correctivas a raíz de las fallas identificadas en la fiscalización de los planteles bajo su supervisión.

Entre los hallazgos señalados, la agencia no ha cumplido con la preparación y radicación del informe anual ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa (Art. 13.04 de la Ley Núm. 85-2018) correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. Al momento de la publicación del informe la agencia tampoco pudo evidenciar la preparación y radicación del informe anual correspondiente al año fiscal 2025-2026.

Historia relacionada: OIG señala múltiples deficiencias en supervisión de fondos para las Escuelas Alianza

Emilio Nieves Torres, secretario general de ÚNETE, señaló que en los pasados años se han reportado más de tres escándalos relacionados con escuelas chárter en Puerto Rico, los cuales han sido incluidos en la página web del Network for Public Education junto a más de 1,000 reportajes de escándalos de escuelas chárter en Estados Unidos. En octubre de 2022, el DEPR fue ordenado a cancelar un contrato que autorizaba la creación de una escuela chárter, luego de que se revelara que uno de sus incorporadores había sido convicto por malversación de fondos en Estados Unidos. 

En el año fiscal 2023 las 12 escuelas chárter existentes recibieron un presupuesto que superó los $40 millones de dólares en fondos públicos, pero el uso de estos no ha sido fiscalizado. Según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, la escuela chárter LEAP STEAM + E Academy recibió entre 2021 y 2024 un total de $9,324,761.20. Sin embargo, su fundadora indicó que no se habían realizado evaluaciones por parte de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza, solo una visita informal de monitoría.

Las escuelas chárter surgen a raíz de la Reforma Educativa impulsada por la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, quien posteriormente se declaró culpable por haber cometido fraude mientras ocupó el cargo bajo la administración de Ricardo Rosselló. 

Datos revelados por el Departamento de Educación indican que la matrícula total de las escuelas chárter es de 7,410 estudiantes. De esa cantidad, aproximadamente 1,600 provienen de colegios privados, mientras que 5,810 son estudiantes provenientes de escuelas públicas del país. 

Según expresó la coalición, estos datos demuestran cómo el crecimiento de las escuelas chárter se ha sostenido principalmente mediante el desplazamiento de estudiantes de las escuelas públicas. ‘‘El Departamento está facilitando un desplazamiento educativo al abrir escuelas chárter cerca de escuelas públicas existentes y otorgándoles amplias ventajas operacionales, incluyendo flexibilidad curricular, autonomía administrativa, exenciones reglamentarias y condiciones diferenciadas que no están disponibles para las escuelas públicas. Esta situación está contribuyendo al cierre de planteles y al debilitamiento progresivo del sistema público de
enseñanza’’, enfatizó Martínez. 

Historia relacionada: Auditoría federal dice hubo “despilfarro” en contrato a exsecretaria de Educación

En los pasados días, el Departamento de Educación reveló que se encuentran evaluando el cierre de más planteles del sistema de educación pública. La coalición se expresó en contra de estos cierres, que han sido justificados por la agencia por falta de fondos y una reducción en la matrícula estudiantil. 

Jeffrey Rivera Sanabria, líder comunitario del Res. Luis Llorens Torres expresó “Me duele profundamente ver cómo nuestras escuelas públicas —que son el corazón de nuestros barrios— se siguen cerrando mientras se desvían millones hacia proyectos privatizadores que no rinden cuentas. Cada escuela que se apaga es una comunidad que pierde un refugio, una familia que pierde apoyo, un niño que pierde oportunidades. No podemos permitir que conviertan la educación en un negocio mientras nuestras comunidades cargan con las consecuencias. Defender las escuelas públicas es defender la vida, la dignidad y el futuro de nuestra gente”.

‘‘Resulta alarmante, que mientras se encuentran decenas de millones de dólares para financiar escuelas chárter, el gobierno continúe alegando que no existen los recursos necesarios para cumplir con el pago de la carrera magisterial a cerca de 8,000 maestros y maestras del sistema público. El propio gobierno ha señalado que serían necesarios alrededor de 90 millones de dólares para hacer justicia salarial al magisterio, pero mantiene como prioridad la expansión de modelos privatizadores en lugar de invertir directamente en las escuelas públicas y en quienes sostienen diariamente el proceso educativo. Mientras se destinan millones para la privatización, se le niegan recursos a las escuelas públicas y a quienes educan a nuestro pueblo. La educación pública es un derecho fundamental, no un negocio ni una mercancía’’, concluyó Martínez. 

El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública reafirmó su compromiso con la defensa de una educación pública, gratuita, democrática, inclusiva y de calidad para todos los estudiantes de Puerto Rico. Asimismo, convocó al pueblo, a las comunidades escolares, al magisterio y a todos los sectores comprometidos con el país a mantenerse vigilantes y activos ante cualquier intento de “continuar desmantelando el sistema educativo”.