Según lo expuesto en la vista, la Federación de Alcaldes sostuvo que, aunque existen ordenanzas municipales para atender el ruido excesivo, persisten problemas de uniformidad y fiscalización.

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado evaluó el jueves el Proyecto de la Cámara 911, en una vista pública que dejó reservas sobre las sanciones, la definición de voceteo y el alcance de la prohibición propuesta.

“El análisis de las ponencias presentadas hoy refleja que, en términos generales, las entidades comparecientes coinciden en la necesidad de evaluar enmiendas al proyecto. Por ejemplo, la Federación de Alcaldes planteó la importancia de revisar el esquema de sanciones, asunto que esta Comisión estará evaluando”, dijo el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez en declaraciones escritas.

“De igual forma, la Asociación de Hoteles y Turismo, así como la Policía de Puerto Rico, plantearon la posibilidad de considerar una prohibición más amplia, incluso de carácter continuo, especialmente en áreas turísticas y zonas escolares, en contraste con el horario establecido en la medida”, añadió.

Durante la vista pública comparecieron la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Policía de Puerto Rico, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico.

Según lo expuesto en la vista, la Federación de Alcaldes sostuvo que, aunque existen ordenanzas municipales para atender el ruido excesivo, persisten problemas de uniformidad y fiscalización, por lo que recomendó fortalecer los mecanismos de sanción y coordinación entre jurisdicciones.

Sánchez Álvarez indicó además que uno de los asuntos más discutidos fue la amplitud de la definición de voceteo. “Otro elemento que surgió de manera consistente es la amplitud de la definición de ‘voceteo’, lo que requiere un análisis cuidadoso para asegurar claridad en su aplicación y uniformidad en la fiscalización”, expresó.

La Policía presentó observaciones sobre la definición propuesta y sobre la aplicación de la medida, mientras la Asociación de Hoteles y Turismo favoreció evaluar restricciones más amplias en determinadas zonas. La Compañía de Turismo, por su parte, advirtió que debe buscarse un balance entre la regulación del ruido y la celebración de actividades culturales y turísticas autorizadas.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sostuvo que Puerto Rico ya cuenta con reglamentación sobre contaminación acústica, por lo que recomendó examinar cómo interactuaría la medida con las normas vigentes para evitar inconsistencias en su implantación. El Departamento de Transportación y Obras Públicas indicó que la propuesta responde a una problemática visible en las vías públicas y defendió la necesidad de un marco uniforme para atender el uso de sistemas de sonido en vehículos.

“El proceso legislativo requiere precisamente este tipo de análisis amplio. La Comisión estará evaluando en su totalidad lo discutido en la vista pública, incluyendo las distintas recomendaciones y preocupaciones presentadas de los compañeros senadores que participaron de la vista pública de hoy, con el objetivo de continuar el proceso de análisis legislativo de forma responsable”, sostuvo Sánchez Álvarez.