La gobernadora reiteró su respaldo a la medida, aunque enfatizó que su prioridad es garantizar el cumplimiento fiscal.

A menos de 24 horas de que se venza el plazo para la firma de la medida legislativa destinada a detener el cobro de $300 que LUMA Energy pretende imponer a los clientes de energía solar en Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González ha señalado que aún está a la espera de una certificación de impacto fiscal antes de tomar una decisión definitiva.

La Resolución Conjunta de la Cámara 193 (RCC 193), presentada por el representante Víctor Parés y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos «Johnny» Méndez, pretende ordenar el cese inmediato de cualquier cobro por concepto de Estudio Suplementario y mejoras a la red exigidas para sistemas de hasta 25 kilovatios, según el Reglamento Número 8915 para la interconexión de generadores con el sistema de distribución eléctrica y la participación en programas de medición neta, vigente desde el 6 de febrero de 2017. 

Asimismo, la resolución ordena al Negociado de Energía de Puerto Rico a aprobar un nuevo reglamento de interconexión acorde con la Ley 17 de 2019 sobre política energética y con la propia resolución, dentro de un plazo determinado.

“Todas las medidas que nosotros firmamos, debemos tener una certificación de impacto fiscal porque la Junta de Supervisión Fiscal está impugnando leyes que se han aprobado en el pasado”, declaró la gobernadora a NotiCel, justificando la necesidad de esperar antes de estampar su firma.

González reiteró su respaldo a la medida, aunque enfatizó que su prioridad es garantizar el cumplimiento fiscal y evitar que la decisión tenga un impacto económico adicional para los propietarios de placas solares en la isla. “Por eso todavía no hemos tomado una decisión. Hasta que no tenga todos los memoriales de las agencias que me pidieron”, explicó la mandataria, sin precisar si sería posible cumplir con esto antes de que venza el plazo establecido.

La RCC 193 fue aprobada de forma unánime tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado el pasado 18 de noviembre y fue enviada a la consideración de la gobernadora el 8 de diciembre.

Hoy, miércoles 7 de enero, es la fecha límite para que la primera mandataria del país firme la medida. De no hacerlo, la resolución será vetada automáticamente.

Ayer, martes 6 de enero, la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) instó públicamente a la gobernadora a firmar el proyecto, argumentando que el cargo proviene de un reglamento obsoleto que contradice la Ley 17-2019 de Política Pública Energética, aunque LUMA Energy continúa aplicándolo.

“Este cobro representa un cargo adicional para familias y pequeños comercios que ya están abrumados por la inflación y el alto costo de la vida. Sabemos que la gobernadora ha sido firme y consistente en su oposición a nuevos impuestos y cargos a la gente, por lo que la firma de la RCC 193 es fundamental para evitar otro cargo impuesto por LUMA y las repercusiones que esto podría causar”, manifestó Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de SESA, mediante comunicación escrita.

“La firma de la RCC 193 representa una acción concreta para proteger a los consumidores y garantizar prácticas regulatorias modernas, razonables y alineadas con la política pública energética de Puerto Rico. Los consumidores no necesitan más cargos injustificados. Es vital dar certeza a miles de puertorriqueños que hoy apuestan por la energía solar para reducir costos y contribuir, a su vez, a la estabilidad energética de la isla”, concluyó Rúa Jovet.

Populares abogan por la firma de la medida

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, también hizo un llamado a la Gobernadora a firmar «la pieza legislativa que tiene en su escritorio desde diciembre del año pasado».

“Hoy vence el plazo para que la Gobernadora detenga el cobro de $300 a los clientes que cuentan con sistemas solares en sus casas. El PPD presentó legislación sobre este asunto y ha sido enfático en que se apruebe cuanto antes esta medida», señaló en declaraciones escritas.

Reacciona LUMA

En declaraciones escritas, LUMA sostuvo que eliminar el cargo del estudio de interconexión suplementario, establecido por ley en el 2017 en zonas con alta penetración de energía renovable en el sistema «expone directamente la red eléctrica a condiciones de inestabilidad y limita la capacidad de evaluar de manera responsable la integración de nuevos sistemas de energía distribuida».

«Prescindir de estos análisis técnicos incrementa significativamente el riesgo de fluctuaciones de voltaje, fallas operacionales e interrupciones de servicio que pueden afectar a comunidades completas.
Este cargo reconoce la necesidad del pago para los estudios suplementarios que son necesarios para identificar limitaciones en el sistema y definir las mejoras necesarias que permitan integrar generación distribuida de forma segura y ordenada», sostuvieron.
LUMA sostuvo que no se beneficia del cargo.

«De otra parte, la pérdida de estos ingresos supone un impacto al presupuesto que pudiera trastocar otros avances que el sistema necesita», indicaron.