La senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz argumentan que la Orden Ejecutiva 2021-013 es inconstitucional.

Las legisladoras del Proyecto Dignidad presentaron hoy una demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi que busca que se declare inconstitucional la Orden Ejecutiva 2021-013 y que se detenga la implantación de un currículo de perspectiva de género en el sistema educativo de Puerto Rico.

La senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz argumentan que la Orden Ejecutiva 2021-013 al igual que la Orden Ejecutiva 2020-078, de la exgobernador Wanda Vázquez, y que Pierluisi adoptó “configuró una actuación ejecutiva que excede los poderes constitucionalmente delegados a la Rama Ejecutiva en lo concerniente a ordenar la implantación de un currículo de perspectiva de género en todo el sistema público de enseñanza a través de las escuelas coeducativas, que usurpa las prerrogativas de la Asamblea Legislativa establecidas en la Ley 62-2017”.

La Orden Ejecutiva 2021- 013 del 25 de enero de 2021 fue la que decretó “un estado de emergencia ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico”.

En ese documento, Pierluisi estableció que su administración está comprometida con “establecer un proceso para desarrollar un currículo de perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia”.

De acuerdo con las legisladoras, esa orden de Pierluisi mantuvo vigentes las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2020-078 mediante la cual “se le ordenó al Departamento de Educación que, a partir del semestre de agosto de 2021, deberá ampliar a todo el sistema escolar el modelo de escuelas especializadas coeducativas implementadas como proyecto piloto por medio de la Ley 62- 2017 con el objetivo principal de promover “la equidad de género para prevenir el discrimen entre la mujer y el hombre, eliminar estereotipos y luchar contra la violencia de género”.

El modelo de escuelas coeducativas para evaluar estrategias curriculares para luchar contra la violencia de género, fue un proyecto impulsado por la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de la Ley 62-2017.

«Sin embargo, la Asamblea Legislativa fue clara y específica en cuanto al proceso de implantación y análisis de la efectividad de este tipo de enseñanza previo a ampliar su oferta a través de todas las instituciones educativas públicas de la Isla», dice la demanda.

La demanda también que se “ordene a los demandados a cesar y desistir de todo y cualquier esfuerzo orientado a producir la observancia y ejecución de los contenidos normativos de la Orden Ejecutiva-2020-078 y 2021-013 en todo lo relacionado a la implantación de un currículo con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza a través de las escuelas coeducativas”.

Además, que se “ordene al Gobernador de Puerto Rico y a la Secretaria del Departamento de Educación a cumplir con la Ley 62-2017”, lee el documento presentado por el licenciado Carlos Padilla Vélez.

Lee aquí los detalles de la demanda de las legisladoras: