La empresa tecnológica Twitter demandó hoy martes al Gobierno de Estados Unidos al alegar que las restricciones sobre lo que la compañía puede decir acerca de las solicitudes de datos de los usuarios violan sus derechos.

Para argumentar su demanda, la empresa aludió a la Primera Enmienda de la Constitución, que defiende la libertad de expresión, religión y el derecho del pueblo a reunirse en asamblea.

‘Creemos tener el derecho, según la Primera Enmienda, de responder a las preocupaciones de nuestros usuarios y a las declaraciones de funcionarios del Gobierno estadounidense al facilitar información sobre el alcance de la vigilancia’, señaló en un comunicado Ben Lee, uno de los vicepresidentes de Twitter.

Lee dijo creer que la empresa tiene el derecho a ofrecer una respuesta precisa y no verse forzada a recurrir a una explicación amplia e inexacta.

La decisión de la compañía va más allá de la decisión de otras cinco empresas tecnológicas que este año alcanzaron un acuerdo con la Administración Obama sobre el alcance de la vigilancia del Gobierno, en medio de una preocupación creciente entre los usuarios sobre la privacidad.

La mayoría de los comentarios en Twitter son públicos y a diferencia de lo que ocurre con otras firmas, como las operadoras telefónicas, la empresa con sede en San Francisco no recibe un gran número de peticiones por parte del organismos oficiales.

El Gobierno estadounidense sostiene que tanto la policía federal (FBI), como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), tratan de defender al país de amenazas reales y necesitan a veces acceso a la información que poseen las empresas tecnológicas.

La demanda, de 19 páginas, sostiene que el Gobierno limita la capacidad de Twitter para ofrecer su propia perspectiva sobre las solicitudes oficiales de información.

Twitter aduce que la posición del Gobierno obliga a la empresa a ofrecer una versión preaprobada por la Administración Obama o simplemente mantener silencio.

La empresa dice que la demanda forma parte de una campaña más amplia para forzar una reforma legislativa de la supervisión de las empresas tecnológicas por parte del Gobierno.