El Gobierno de Puerto Rico podría tener que recortar $1,500 millones del presupuesto del 2015 en vez de los $650 millones que había anunciado en recortes si no controla aumentos en gastos y en las fórmulas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Rama Judicial, según información contenida en el documento de la emisión de $3,000 millones en bonos que saldrá al mercado esta semana.

No obstante, economistas y legisladores dijeron que eso era muy poco probable en gran medida porque las expectativas de ingresos se han estado cumpliendo.

El gobierno recortó unos $170 millones del presupuesto vigente. El Gobernador se propone enviar a la Legislatura en abril un presupuesto para el año fiscal 2015 sin déficit pero para lograrlo debe hacer sobre $650 millones en recortes.

El listado que contiene el documento de los riesgos que podrían enfrentar los compradores de los bonos establece que cabe la posibilidad de que el Estado Libre Asociado no pueda balancear el presupuesto en el 2015 debido a que enfrenta unos $850 millones en costos que podrían aumentar el mismo.

Estos costos incluyen mayores compensaciones a empleados debido a los convenios colectivos, aumentos en las contribuciones de las pensiones, incrementos en el servicio de la deuda y las fórmulas de la UPR y tribunales.

‘En ausencia de acciones correctivas, la Oficina de Gerencia y Presupuesto estima que estos aumentos en costos le añadirían $850 millones al presupuesto… Asumiendo que los ingresos en el 2015 no aumenten en comparación con el 2014, se requerirían recortes en gastos de $1,500 millones o más’, sostiene el documento.

Algunas de las medidas correctivas enfrentarían oposición de constituyentes y serian difíciles de proponer e implementar, dice la declaración.

El economista José Alameda, no obstante, dijo que ‘eso no va ocurrir’ al destacar que el gobierno ha estado obteniendo suficientes recaudos como para no tener que hacer recortes tan drásticos en el próximo presupuesto. ‘Yo entiendo que no. Los recaudos del gobierno andan bien y eso ayuda a resolver el problema’, dijo.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Nadal Power, fue más lejos al indicar que no sabía a lo que se refería el informe del BGF. Destacó que al momento no se prevé recortes profundos pero no quiso elaborar acerca de en dónde se harán.

‘Vamos a eliminar ciertos subsidios a corporaciones públicas y habrá consolidaciones de agencias pero no quiero dar más detalles’, dijo Nadal Power.

No obstante, la Legislatura ya está previendo una reforma gubernamental y habrá un simposio de dos días para obtener ideas sobre cómo achicar al gobierno. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, José Varela, dijo espera obtener ideas de ese simposio y no quiso adelantar sobre los recortes.

No obstante, fuentes aseguran que la propuesta regionalización de municipios es una de las ideas para reducir el Gobierno ya que se transferirían tareas del gobierno central a los municipios.

El documento de la emisión indica que Puerto Rico está a la merced de 27 contribuyentes que son los que pagan el arbitrio de 4% impuesto en el 2010 a las corporaciones foráneas. El ingreso impuesto bajo la Ley 154 representó el 19.7% de los ingresos del gobierno o alrededor de $1,400 millones. ‘El arbitrio temporero fue pagado por 27 grupos de contribuyentes afiliados, de los cuales seis representaron el 75% de lo que se recolectó’, dice el documento. En el 2017, el impuesto se sustituiría por un ingreso de origen modificado, el cual podría no generarle suficiente dinero al gobierno. Además, existe el riesgo de que el Tesoro federal elimine el crédito contributivo federal que hace posible el arbitrio.

Nadal Power dice que al momento no hay planes de mantener el arbitrio. ‘No hay planes de cambiar la fecha de expiración y no debe haber sorpresas. Si se hace, tiene que ser en consulta con los grupos afectados’, dijo.

Alameda dice que entiende que podría haber una gran presión para mantener el impuesto y que en este momento hay que mantenerlo. Destacó la importancia de mantener certeza en el área empresarial.

De otra parte, el documento reveló que el gobierno prescindió de los servicios de la firma de auditores Deloitte <><>& Touche para hacer auditorías independientes de las finanzas. El gobierno contrató los servicios de KPMG para hacer las auditorías pero la firma no participó en la confección de los documentos financieros contenidos en el documento de la emisión./p

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El BGF no contestó preguntas de NotiCel en torno a los motivos que llevaron al gobierno a prescindir de los servicios de Deloitte <> <> <> Touche./p

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