A pesar de sus diferencias en argumentos, los portavoces coincidieron en que es necesario migrar hacia fuentes de energía renovables y sostenibles.

Varios integrantes y portavoces de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes manifestaron su oposición a la continuidad de la planta AES de carbón, señalando que su operación ya no es una opción viable para el sistema energético de Puerto Rico.

A pesar de sus diferencias en enfoque y argumentos, los portavoces coincidieron en que es necesario migrar hacia fuentes de energía renovables y sostenibles.

Las preocupaciones van desde el impacto ambiental y los efectos en la salud pública hasta la necesidad de modernizar la infraestructura eléctrica de la Isla para garantizar un servicio más eficiente y seguro.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés Otero, advirtió que la transición del carbón a una fuente de energía más limpia y eficiente es una necesidad inminente para Puerto Rico. Hizo hincapié en que en poco más de dos años la generación con carbón deberá cesar, lo que implicará una reducción significativa en la capacidad energética del país y podría derivar en apagones si no se gestiona adecuadamente.

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No obstante, ante este escenario, Parés Otero aseguró que la Comisión trabajará activamente para garantizar que la conversión de la planta se lleve a cabo de manera efectiva y sin afectar la estabilidad del sistema eléctrico.

El presidente también subrayó la importancia de que la planta pueda operar con otro tipo de generación menos dañina para el ambiente y la salud pública. Insistió en que la transición no solo es una obligación ambiental, sino también una medida necesaria para asegurar la confiabilidad del servicio energético en la Isla

Asimismo, Héctor Ferrer Santiago cuestionó quién realmente tiene el control de la política pública energética en Puerto Rico, señalando una aparente contradicción entre las ponencias del zar energético, el ingeniero Josué Colón Ortiz, y los proyectos de ley presentados por la administración en la Cámara y el Senado. Destacó que, aunque Colón fue designado el 9 de enero de 2025 con la potestad de asesorar al gobierno en asuntos energéticos, sus expresiones en las vistas públicas sobre los proyectos 267 y 268 difieren completamente de lo que propone la administración.

Ferrer Santiago también expresó su preocupación ante la falta de claridad sobre a quién se debe seguir en la toma de decisiones energéticas, advirtiendo que extender la quema de carbón por más años sería injusto para la salud de los residentes del sur, particularmente en municipios como Guayama, Arroyo, Peñuelas y Salinas.

Por otro lado, el representante Denis Márquez Lebrón afirmó que la vista pública dejó en evidencia el fracaso de la política energética de Puerto Rico en los últimos ocho años, señalando que no se han tomado acciones concretas para avanzar en la transición hacia fuentes renovables.

Sostuvo que, aunque la legislación y los informes del Senado establecían métricas claras para la salida de AES y el desarrollo de energías renovables, microredes y sistemas de almacenamiento, ninguna de estas iniciativas se ha materializado.

Mientras tanto, la representante Lisie Burgos expresó preocupación por la imposición de nuevas multas en el sector energético, advirtiendo que su impacto podría recaer directamente en el bolsillo de los puertorriqueños. Señaló que es necesario evaluar detenidamente esta medida, ya que, en su opinión, es poco probable que el operador asuma el costo de estas sanciones, lo que podría traducirse en un aumento en las tarifas o en mayores cargas económicas para los consumidores.

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