También irá a consideración un proyecto que establece normas de ética para los servidores públicos.

La medida que establecería la Ley de la Oficina Anti-corrupción e Integridad Pública (OAIP) y crearía el Registro de Personas Convictas por Corrupción obtuvo un informe positivo por parte de la Comisión de Anti-Corrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes.

Falta que el Proyecto de la Cámara 1701 sea incluido en algún Calendario de Órdenes Especiales. El último día para aprobar medidas en esta sesión ordinaria es el 9 de noviembre.

Durante las vistas públicas que se hicieron entre agosto y septiembre el Departamento de Justicia, Contralor, la Oficina del Inspector General y la Oficina de Ética Gubernamental se opusieron a esta medida y otra que crea un nuevo Código Anticorrupción.

La OAIP, dispone la medida, tendrá plena independencia y autonomía administrativa, presupuestaria y operacional para liderar el procesamiento de delitos de alto perfil consumados por servidores y ex servidores públicos. También crearía la figura del Fiscal de Corrupción Pública y el Fiscal Especial Independiente.

Su director o directoria devengaría un salario de $225,000 anuales durante un único término de 12 años. El nombramiento sería hecho por el primer ejecutivo tras recibir una recomendación de las escuelas de derecho y tendría que ser confirmado por dos terceras partes de los integrantes en ambos cuerpos legislativos.

“Se hace historia porque básicamente desde la década de los 1990 no ocurría una reingeniería del sistema de las agencias que fiscalizan la corrupción. En el 1988 fue la creación de la Oficina de Panel Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y más adelante es la creación de la Oficina de Ética Gubernamental. Este es un paso adelantado en la dirección correcta de un análisis que lleva ocurriendo desde hace tres años. No es que salió esto los otros días, sino de un análisis y una investigación que se lleva haciendo en la Comisión de Anti-Corrupción e Integridad Pública desde inicio de cuatrienio y que culmina con la aprobación de estas medidas en el hemiciclo”, expresó el representante Héctor Ferrer Santiago, autor de la medida.

“Lo que buscamos con la P. de la C. 1701 es derogar la Ley de la Oficina de Panel Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia que, a través de los procesos de vistas públicas nos dimos cuenta de que hace falta un ente neutral que eduque y sea preventivo en lo que tiene que ver con el tema de la ética gubernamental y que se dé un proceso de educación continua para los funcionarios públicos. Así que, modificamos la Ley de Ética Gubernamental para que la oficina se encargue de lo que es la educación y la prevención de las normas de ética”, continuó detallando.

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De aprobarse la medida, las dependencias mencionadas serán cerradas para crear un nuevo ente que regule todos las querellas y referidos de corrupción y ética por parte de los servidores públicos.

Según Ferrer, la medida legislativa en su proceso de evaluación sufrió algunas enmiendas que van acorde con sus intenciones principales.

“El cambio mayor es que en un inicio queríamos derogar la Oficina de Ética Gubernamental, durante el transcurso de las vistas públicas, la mayoría de las personas indicaban que, si hacía falta un programa de prevención y educación que, aunque lo incluíamos en la oficina, entendíamos que lo prudente era sacarlo y que se convirtiera en un ente neutral», sostuvo Ferrer.

En otras palabras, la Oficina de Etica Gubernamental se quedaría en funciones para enfocarse en la educación y prevención de la ética y corrupción.

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Mientras, que quien ocupe la posición de subdirector, deberá ser contador público autorizado y abogado. Deberá contar con un mínimo de ocho años de experiencia en procesos de auditoría, de reconocida capacidad profesional, probidad moral y conocimientos en el campo de la administración pública y la gestión gubernamental.

Este funcionario devengará un salario de $120,000.

Nuevo código y normas de ética

También obtuvo un informe positivo el P. de la C. 1702 que busca crear el Código Anti-corrupción y Ética y así establecer normas éticas para contratistas, suplidores y solicitantes de incentivos económicos del Gobierno. Con esto, se enmendaría el Código Penal.

“La P. de la C. 1702 no es una creación nueva, excepto por las normas éticas que se establecieron. Pero las faltas administrativas y los delitos contra la función pública, lo que hicimos fue que recogimos todas las leyes que tienen que ver con corrupción y ética, y las unimos para facilitar el trabajo”, destacó.

Parte de las normas éticas está la prohibición de recibir regalos a cambio de beneficios, se multarían por obtener contratos por la entidad gubernamental por la cual trabaja sancionándose con una multa no menor de $5,000 y no mayor de $8,000 más el equivalente al valor del beneficio recibido. Así como otras prácticas que incurren en contra de la ética profesional.

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Ferrer adelantó que no ve ningún tipo de problema para la aprobación de estas dos medidas. Sin embargo destacó que, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) no participó de las vistas públicas y tampoco estuvieron presentes en la votación de consideración final.

Los proyectos cerraron con nueve votos a favor y cero en contra.

Entre los representantes presentes estuvo el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, junto a los representantes, Deborah Soto, Denis Márquez, Roberto Ruiz, Lydia Méndez, Lisie Burgos, Angel “Tito” Fourquet, Jesús Hernández, José Varela y Héctor Ferrer.

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