Aún no hay consenso.

Aunque se reconoce la ausencia de consenso entre las partes, los involucrados en el proceso similar a la quiebra de Puerto Rico sugirieron a la jueza Laura Taylor Swain continuar hacia adelante y a paso firme hasta la resolución de este asunto, que tuvo su comienzo hace más de tres años.

El pedido, considerado como viable por Swain, fue verbalizado por la jueza Barbara Houser durante una vista en la Corte de Distrito de los Estados Unidos y en referencia al Plan de Apoyo Acordado (PSA, por sus siglas en inglés), que a su vez sustenta el Plan de Ajuste. Este último, a grandes rasgos, busca atender la reestructuración de la deuda de $35,000 millones del Gobierno de Puerto Rico.

Houser, por su parte, encabeza el equipo mediación, que es un grupo originado por orden del tribunal federal para atender las preocupaciones de las partes litigantes, como lo son el gobierno, la Junta de Control Fiscal (JCF) y los bonistas y acreedores.

“No creo que haya forma de que todas las personas que se sientan a la mesa a discutir este plan global se pongan de acuerdo. Somos mediadores, no magos”, exclamó Houser, quien resaltó que el equipo de mediación se mantiene neutral en cuanto a lo que dice el Plan de Ajuste, pero entiende que se debe seguir hacia adelante por consideraciones de calendario.

“Si no se empieza, nunca se termina”, añadió Houser, quien propuso fechas dentro de los próximos dos meses para que Swain resuelva asuntos relacionados con el caso principal. Este desglose se días de litigio fue aprobado y adoptado por la jueza.

Durante la vista, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Gobierno de Puerto Rico, así como el Sistema de Retiro de Empleados Públicos (SRE) y los acreedores no asegurados consignaron su oposición al PSA.

Aunque en ocasiones previas los grupos habían planteado sus razones para oponerse al plan, la vista fungió como una oportunidad para argumentarlas ante la jueza Swain. Parte de las oposiciones se basaron en que el plan contiene información incorrecta o incompleta sobre la economía de Puerto Rico y el dinero que el gobierno tiene disponible, los fondos federales y su capacidad de pagar su deuda.

La AAFAF, por voz del licenciado John Rapisardi, subrayó que en la Legislatura no existe un camino adecuado para aprobar las medidas necesarias para ejecutar los acuerdos contenidos en el PSA y los pormenores del Plan de Ajuste.

El abogado, del bufete O’Melveny & Myers LLP, aludió a la resolución aprobada por la Cámara de Representantes en octubre de 2019 para rechazar de manera “absoluta y enérgica” el Plan de Ajuste presentado por la JCF que incluía un recorte de 8.5% a la cantidad de dinero que reciben los pensionados.

Rapisardi añadió que la gobernadora Wanda Vázquez Garced tampoco apoya el recorte a los pensionados, por lo que tiene reparos con esa parte del documento.

En una declaración informativa radicada para la jueza Swain, la JCF especificó que esa reducción para los pensionados podría reflejarse en los que generan más de $1,200 al año.

Según Houser, la JCF continúa su diálogo con el Gobierno de Puerto Rico en aras de llegar a un acuerdo. “Referente a esas conversaciones, solo el tiempo dirá”, indicó.

El abogado de la entidad financiera, por su parte, mostró preocupación con la posibilidad de un cambio de gobierno en las elecciones de noviembre y su efecto en la ejecución del plan.

“Si logramos que la Gobernadora y la Legislatura actual aprueben el plan, es bueno para todo el mundo que el plan sea confirmado, pero una Legislatura no puede atar a la otra. No sabemos si el nuevo gobierno, si es así, decida estar de acuerdo o no con el plan”, planteó Martin J. Bienenstock, del bufete Proskauer Rose LLP.

A finales de febrero, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, presentó una nueva versión del Plan de Ajuste, basado en que contaba con un mejor PSA y un incremento en el respaldo de las partes.

“El plan enmendado presenta una mejor oportunidad para sacar a Puerto Rico de la bancarrota. Sin lugar a dudas, la quiebra tiene el efecto de retrasar el progreso de la isla”, aseguró Jaresko en declaraciones escritas.

En una versión inicial, presentada en septiembre de 2019, la gobernadora manifestó su endoso al plan, pese a su oposición a la reducción de las pensiones que contenía el documento.

El Plan de Ajuste busca reestructurar aproximadamente 35,000 millones de dólares en deuda y otros reclamos contra el Gobierno de Puerto Rico, SRE y la Autoridad de Edificios Públicos.

Los detalles de este acuerdo serán discutidos el 3 de junio, sin embargo, una determinación sobre el mismo podría llegar por parte de Swain después de las elecciones generales.