Las compras de combustible representan casi $3,000 millones y son el factor más grande en la factura que reciben los abonados, todavía hay movidas sospechosas con ellos.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) llamó la atención de varias irregularidades que ha detectado en el proceso de compra de combustible en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y le pidió explicaciones a la corporación pública sobre lo que significan casi $3,000 millones anuales en fondos públicos y que representan el gasto que más afecta el tamaño de la factura que reciben los abonados mensualmente.

Intercambios entre la Junta y la AEE en los últimos meses reflejan la renegociación de contratos de suplido de combustible con aumentos considerables que la corporación pública achaca a las alteraciones de mercado que provoca la guerra de Rusia contra Ucrania. En todas las instancias, la AEE descarga su responsabilidad de tener responsabilidad fiscal con estas compras diciendo que para ellos no representa un aumento presupuestario porque son costos que pasan directamente al consumidor. Por tanto, son renegociaciones que dejan al abonado expuesto a aumentos en su factura mensual durante por lo menos el 2023 completo.

En una carta ayer, la Junta pidió varias informaciones a la AEE, pero consignaron directamente que una de las cosas que han pasado es que la corporación cambia los términos de los contratos de compra de combustible después de que el ente fiscal los aprueba.

El 26 de octubre, ejerciendo su poder para revisar contratos públicos, la JSF aprobó una extensión de un año al contrato de la AEE con PUMA Energy Caribe LLC. La AEE le representó a la Junta que la opción de activar esa extensión recaía exclusivamente en la corporación pública, pero la versión que sometieron a la Oficina del Contralor dice que la activación de la extensión requería mutuo acuerdo de la AEE y PUMA. El ente fiscal pidió una explicación por este cambio y por qué el mismo no se les sometió para evaluación.

El contrato original con PUMA fue adjudicado en septiembre de 2021 tras un proceso competitivo y dispone los términos para entregar combustible Núm. 6 (conocido como «bunker fuel C») para las plantas de San Juan, Palo Seco, Aguirre y Costa Sur vía barcaza o transferencia de tubería. Los términos originales eran un año con costo aproximado de $605.9 millones. La enmienda recién aprobada extiende un año más y lleva el costo aproximado a $3,130 millones, un 416% más del costo original. La AEE prometió hacer un nuevo proceso competitivo al final de la nueva extensión de un año, pero para ese momento es posible que no sea la AEE la que tenga control sobre la compra de combustible, sino la privatizadora de la generación de energía en Puerto Rico que podría ser anunciada de un momento a otro y que el diario The Wall Street Journal indicó ayer que podría ser New Fortress Energy (NFE).

Otro señalamiento en la carta es sobre el contrato de suplido de diésel de Novum Energy Trading Inc. para para las turbinas de San Juan, Palo Seco, Aguirre, Cambalache y otras unidades por medio de barcos, barcazas y camiones tanque. Similar a PUMA, fue adjudicado inicialmente en octubre de 2021 tras un proceso competitivo por $265.5 millones durante un año. A principios de este mes, la Junta autorizó una extensión de un año adicional que lleva el costo aproximado a $1,541 millones, o 480% más.

En la carta, la JSF señala sobre este contrato que la AEE parece haber estado pagando un costo fijo por barril de $10.70, lo que es $3 más de lo que el contrato dice que se pagaría, por lo que pidieron a la corporación pública confirmación de esta diferencia y la documentación que tengan que justifique estar pagando de más. También, quieren conocer desde cuándo se está pagando de más y pidieron todas las facturas pagadas a Novum bajo el contrato. Esta indagación es por lo que pasó en el contrato hasta ahora ya que la nueva extensión, en efecto, precisa que el costo fijo por barril será $10.60 en adelante.

El tercer señalamiento tiene que ver con la compra de gas natural el mes pasado en un proceso de emergencia que implicó cabildeo para que el gobierno federal emitiera un relevo temporero de la aplicación de las leyes de cabotaje porque, de otra forma, la barcaza no estaría autorizada a entregar el gas en la isla. La compra de 30,000 metros cúbicos fue a la empresa española Naturgy Aprovisionamientos S.A. por $24.7 millones.

Naturgy ya tiene contrato con la AEE y el 14 de octubre pasado la corporación pública sometió a la Junta una modificación al contrato, para que la evaluaran ese mismo día, para cubrir la compra de emergencia. La JSF lo aprobó bajo argumentos de que la compra era necesaria para suplir a EcoEléctrica y evitar relevos de carga. Naturgy tiene un contrato con la AEE para suplir gas natural hasta 2032 con valor de $9,000 millones. Pero la compra constituyó una emergencia e implicó el adelanto de un cargamento que no estaba programado a ser entregado porque EcoEléctrica pudo reparar más temprano de lo previsto el daño que el huracán Fiona había causado a su terminal.

Es decir, por los daños del huracán EcoEléctrica se queda sin capacidad para recibir gas y pone en peligro la generación de electricidad para toda la isla. Pero como supuestamente repararon antes de lo previsto, la AEE tuvo que incurrir en una compra de emergencia, no programada, a Naturgy.

Esto fue lo que la AEE le dijo a la JSF, pero ahora el ente fiscal quiere saber el detalle de las circunstancias que llevaron a la compra de emergencia, desde cuándo la AEE sabía que podía tener escasez de gas natural en EcoEléctrica, y que le precisen cuáles fueron los daños al terminal y cómo ocurrieron las reparaciones.

El cuarto señalamiento tiene que ver también con las compras de gas natural a Naturgy y a NFE, específicamente quieren información sobre la estrategia que ha desarrollado la AEE para maximizar ahorros y suplido mediante su facultad contractual de dictar los suplidores que usan ambas empresas para procurar el gas natural que traen a la isla.

El quinto hurga sobre el menos que confiable suplido de gas que ha demostrado hasta ahora NFE y que ha sido objeto de crítica de la propia AEE. La Junta pidió conocer los informes de suplido mensual de NFE desde el 2021 hasta ahora y si las cantidades entregadas eran las que se requerían bajo el contrato. También las razones que ofreció NFE para cualquier discrepancia y si la AEE cobró alguna penalidad bajo el contrato por estas fallas.

Otra solicitud de información en la carta es sobre la cantidad total que la AEE ha podido recobrar de sus suplidores de combustible, y que son cantidades que el Negociado de Energía ha dejado de pasarle a los abonados bajo el entendido de que la AEE los recobraría de los suplidores.

Y la solicitud final es que se le divulgue qué es lo que la AEE incluye en un renglón de sus informes financieros sobre los costos de combustible que identifican solo como «otros».

La corporación pública tiene hasta el 16 de diciembre para entregar la información.