Un grupo de acreedores de bonos de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) radicó una moción para intervenir en el litigio pendiente en el Tribunal federal en Puerto Rico presentado por los acreedores de bonos de obligación general (GO’s), quienes exigen ser los primeros en recibir el pago de la deuda por disposición constitucional.

Los acreedores de GO’stambién entienden que COFINA es una treta fraudulenta que no se debe repagar porque es inconstitucional.

El pasado viernes, el juez federal Francisco Besosa decidió que la pugna entre bonistas de GO’s y COFINA no se iba a quedar paralizada por las disposiciones de la ley PROMESA sino que iban a proseguir su curso. El Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal intentaron congelar el pleito sin éxito.

Según la decisión de Besosa, los titulares de COFINA involucrados en el pleito tienen unos $2,000 millones en acreencia y los fondos de Puerto Rico tienen $435 millones en bonos garantizados de COFINA y $210 millones en bonos subordinados de la misma entidad. Los principales titulares de los bonos COFINA son fondos mutuos que tienen $748,214 en bonos senior y $2,893,748 en bonos subordinados emitidos por la Corporación.

La moción radicada solicita que la Corte permita la intervención de los bonistas senior de COFINA y que la intervención de la aseguradora Ambac-también asegura bonos de obligación general- no puede representarlos a ellos así como tampoco puede representarlos los bonistas principales de la Corporación.

Los bonistas de obligaciones generales insisten en que el grupo de COFINAsugiere al gobierno de Puerto Rico una carga de $ 50 mil millones a todos los ciudadanos para el beneficio exclusivo de sus inversionistas, incluyendo los fondos de cobertura fuera de la isla que tienen casi todas sus tenencias.

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