‘Solicitamos al Departamento de Hacienda que exponga públicamente el proceso que inició en octubre del año pasado para seleccionar las empresas que sometieron propuestas para implantar el nuevo sistema y operar la videolotería. Pedimos que el proceso de selección recaiga sobre la Junta Interagencial creada en virtud de la Ley del Sistema de Lotería Adicional’, señaló Janet Dávila Rodríguez, portavoz de la empresa Cage Puerto Rico, una de las que sometió propuesta ante el proceso establecido por la agencia para la implantación del nuevo proyecto.

Según dicta la Ley, la Junta Interagencial está integrada por el Secretario del Departamento de Justicia, el Administrador de Reglamentos y Permisos, el Secretario de Comercio y el Presidente de la Junta de Planificación, además del Secretario de Hacienda, quien funge como presidente de la misma.

‘La Videolotería es uno de los proyectos más importante que se realizarán en Puerto Rico. No solo aportará sobre 700 millones de dólares al fisco en un periodo de un año, sino que creará cientos de empleos directos e indirectos y contribuirá significativamente a la economía local. Para que el sistema sea uno efectivo para el gobierno y se logren los recaudos proyectados, tiene que ser implantada de forma correcta y por empresas con basto conocimiento y experiencia en este renglón’, aseguró la ejecutiva de Cage Puerto Rico.

‘El proceso no puede continuar adoleciendo de informalidades y ambivalencias. Una vez seleccionado el operador, pedimos que se le comunique al País y a todas las partes, quién fue el seleccionado, por qué se seleccionó, qué es lo que ofrece y los beneficios que este proyecto proveerá al gobierno y al pueblo. El País merece que el proceso sea abierto, que se hable claro de principio a fin’, exigió Dávila Rodríguez.

Cage Puerto Rico lidera un grupo de empresas tanto locales como externas, quienes sometieron propuesta para desarrollar y operar el nuevo sistema de videolotería en Puerto Rico, que persigue establecer terminales conectados a una central controlada por el Departamento de Hacienda, mediante la cual el gobierno recibirá ingresos productos de los juegos. Además de Cage Puerto Rico, otras dos empresas sometieron sus propuestas ante el proceso que inició el Departamento de Hacienda en octubre del pasado año.

El proyecto de videolotería reduciría de un estimado de más de 100 mil máquinas que actualmente operan ilegalmente y no rinden contribuciones por sus ganancias, a unas 30 mil que se conectarían a la central del Departamento de Hacienda, establecida por la empresa que opere el sistema. Además, crearía sobre 750 empleos y beneficiaría alrededor de 5 mil negocios locales.