Una de las fuentes de mayor ingreso dentro del sistema contributivo de Puerto Rico, la Ley 154, ha provocado preocupación dentro de la comunidad de bonistas tanto por su alegada inconstitucionalidad como por lo que se percibe será un abrupto final dentro de tres años. El Gobierno no ha establecido con que medida de recaudo reemplazará la ley, pero el mercado anticipa que será tan onerosa que pondrá en aprietos a los contribuyentes.

La firma Axios Advisors LLC alertó el martes a los bonistas de COFINA sobre la situación incierta por la que atraviesa el sistema contributivo del país ante el anuncio de una reevaluación del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que ha ordenado el gobernador Alejandro García Padilla. La sustitución o eliminación de este impuesto – advierten – pudiera ser ‘la ruina’ de la seguridad de los bonos de más alta clasificación dentro del gobierno.

La situación se agrava debido a que la administración de García Padilla aún no ha determinado con qué medida de ingreso reemplazará la Ley 154, la cual fija un arbitrio de 4% a las empresas foráneas, cuando llegué a su fin en 2017, justo al comienzo del próximo cuatrienio. Las dos medidas principales de recaudo que tiene el gobierno – el IVU y la Ley 154 – serán trastocadas para dar paso a lo que parece que ya ha cobrado la forma de un Impuesto sobre Valor Agregado (IVA).

Contrario a una amplia gama de voces a nivel local que sugieren fijar el arbitrio a las foráneas a perpetuidad, y hasta aumentarlo, el Departamento de Hacienda no ha aclarado qué pasará luego de 2017. Este impuesto representa cerca del 19% de los recaudos del gobierno, mientras que el IVU un 11%, según la proporción de recaudos a diciembre de 2012.

La firma de consultoría señaló, además, que este arbitrio trae dolores de cabeza a las compañías que pagan el impuesto en Puerto Rico porque no hay disposiciones claras sobre las reglas de crédito de los impuestos federales que aplican en su caso, lo que ha llevado a muchos en el mercado a catalogar la ley como una forma de evadir el pago de contribuciones federales, o un subsidio federal oculto para la Isla.

En caso de que el IRS intervenga y obligue a estas compañías a pagar la contribución al fisco federal, el Gobierno quedaría desprovisto de una importante fuente de ingreso. El economista Elías Gutiérrez apuntó a la dependencia de Puerto Rico en estas compañías, al señalar que el 24% de los recaudos contributivos del Gobierno por vía de impuestos proviene de apenas 12 foráneas. ‘Puerto Rico ahora depende de un puñado de corporaciones. A la que una de esas corporaciones decida reubicarse, todo se viene al piso’, advirtió.

El blog sobre temas financieros advirtió, además, que la sustitución del actual sistema de IVU por un IVA puede plantear un sin número de cuestiones jurídicas relativas a la seguridad de los bonos de COFINA. Señaló que la Administración García Padilla está usando a los mismos consultores que en 2000 le aconsejaron al gobierno de Calderón reformar la estructura tributaria en Puerto Rico e imponer el IVA.

‘Tal vez por eso, después de meses de hablar de COFINA como su vehículo de financiación preferido, la Administración García Padilla ha virado bruscamente hacia la emisión de un nuevo bono de obligación general en su lugar’, supuso la agencia al especular sobre por qué Puerto Rico hace una emisión basada en su crédito más bajo en vez de en su crédito más alto, el de COFINA.