La jueza federal Aida Delgado Colón prohibió a la Autoridad de los Puertos (AP) comenzar la inspección mandatoria de furgones que pretendían implantar hoy lunes mediante la compañía Rapidscan ante una solicitud de interdicto que sometió la compañía naviera Crowley.

La suspensión de la aplicación de la ley de inspección durará 10 días. La AP tiene hasta el martes para someter su posición y el magistrado Bruce McGiverin tiene hata el miércoles para realizar una vista y emitir recomendaciones.

Alberto Escudero, director ejecutivo de la AP, reaccionó cuestionando que ‘cómo (Crowley) va a decir que les afecta si ni siquiera permitieron que empezara?’.

La jueza indicó en una orden escueta que la necesidad de otorgar la solicitud de suspensión responde a la actitud de la AP de imponerle a Crowley la inspección de los furgones de ‘hoy para hoy’, ya que el viernes le avisaron de que comenzaban el lunes.

‘Este proyecto estaba pautado para comenzar en febrero, ellos estaban en pleno conocimiento de las operaciones’, ripostó sobre esto Escudero, quien no adelantó cuáles van a ser los argumentos que van a presentar en el tribunal para ripostar los de la naviera.

Crowley dijo en su solicitud urgente que AP le violaba sus derechos, ya que las máquinas de inspección sólo se han instalado en el terminal que usan ellos. La AP le notificó el mismo viernes de que las inspecciones comenzaban el lunes. Las máquinas no han sido probadas y los oficiales de la AP no accedieron a solicitudes de Crowley para posponer el inicio. Tampoco hay un reglamento para ejecutar la inspección, que sólo existe como una ley de 2008.

‘La imposición (por parte de la AP) de la inspección mandatoria exclusiva y únicamente a un naviero, Crowley, impone la confusión, discrimen, y cargas particulares en sólo una parte, lo que causa daños en la competitivad en comparación con otros navieros y competidores’, argumentó la compañía.

Escudero aceptó que todavía no hay un reglamento para iniciar el cobro de $60 por contenedor, y que todavía el equipo está instalado sólo en el terminal de Crowley, pero dijo que los navieros saben que se instalará en los demás y rehusó que el inicio de la inspección sea prematura. ‘Por qué voy a esperar? Si ahora puedo inspeccionar 400% más de lo que se está inspeccionando en Puerto Rico?’, argumentó.

Crowley maneja 82,000 furgones al año y distribuye entre 350 y 450 contenedores diariamente. ‘Un elemento importante en los servicios que provee Crowley a sus clientes es asegurar la entrega rápida y eficiente de estos contenedores’, subrayaron en su oposición a la inauguración de las inspecciones.

El sistema de inspección compulsoria de furgones causó controversia esta semana cuando el Partido Popular Democrático (PPD) denunció que se trataba de una movida para favorecer a una compañía asociada con el licenciado Andrés Guillemard, cuñado del Comisionado Residente, Pedro Pierluisi. Mientras que los navieros también se quejaron y advirtieron que aumentaría los precios al consumidor.

Parte de la queja es que Rapidscan Security Systems fue contratada para realizar las inspecciones a pesar de que fue el postor que más alto cotizó, y de que se eliminó a su competidor que había cotizado $135 millones menos, así como que su contrato es a 20 años.