Mientras, la Junta de Supervisión Fiscal dice que el Gobierno falló en buscar aprobación del organismo para esta compra millonaria.

El Departamento de Hacienda confirmó esta tarde que los $19 millones desembolsados a la empresa Apex General Contractors LLC ya fueron devueltos a las arcas del Gobierno de Puerto Rico.

Puerto Rico se quedó sin un millón de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 porque no tenían el aval del Gobierno federal y fueron compradas a esta empresa que no tenía historial como proveedor de productos médicos.

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, informó ayer que la orden fue cancelada porque el cargamento no llegó en la fecha prometida, ni tenía aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Además, confirmó hoy a NotiCel que las autoridades federales hicieron un requerimiento de información relacionado a los correos electrónicos intercambiados en la orden de compra.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced negó ayer tener relación con los contratistas que figuran como donantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

«Ninguna. No tengo ninguna relación», sostuvo Vázquez Garced durante una conferencia de prensa ayer.

Mientras, la Junta de Supervisión Fiscal dijo a NotiCel que el Gobierno «tiene la responsabilidad de someter para la aprobación de la Junta todo contrato que supere los $10 millones, independientemente de que los fondos provengan del Fondo de Reserva de Emergencias».

En declaraciones escritas el organismo agregó que la orden de compra no fue sometida para su aprobación y adelantó que cursará una carta a la primera ejecutiva al respecto.