Las funciones del DRNA estarían limitadas a fiscalizar los proyectos aprobados.

Organizaciones que favorecen que se preserven áreas protegidas levantaron una bandera roja sobre las intenciones del Proyecto 1183 para establecer un Nuevo Código de Permisos debido a que le remueve potestades al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Según la medida sometida por la gobernadora Jenniffer González Colón, las funciones de analizar, aprobar o denegar permisos para obras permanentes en zonas protegidas quedarían en las manos de la Oficina Central de Permisos (OCP) bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Se enmendaría la “Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra” y establecería que el secretario auxiliar de OCP asumirá las funciones antes asignadas al secretario del DRNA. Las funciones estarían delimitadas a fiscalizar los proyectos aprobados.

Waldemar Quiles, actual secretario del DRNA, confirmó que favorece ceder las facultades que la agencia tiene actualmente.

“El sistema de permisos está arcaico y no está funcional. Se están haciendo unas cosas para que se mejoren. Se transfieren unas facultades de emitir permisos, se concentran en un solo sitio donde puede haber más facilidad. Haremos la fiscalización de los permisos”, dijo Quiles durante una intervención en el programa Primera Pregunta de Telemundo.

Jean Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, sostuvo que, en lugar de retirar autoridad, el DRNA gozará de mayor injerencia.

“Cuando el proyecto se lee en su conjunto, actualmente, las capas burocráticas que tiene los procesos de permisos, endosos y licencias, incluyen la intervención del Instituto de Cultura, intervención del DRNA y eso lo que hacía era que cuando se conseguía un permiso se vencía mientras lo que conseguía otro. No podemos seguir operando en un estado burocrático que lo que hace es poder trabas. El proyecto pone la presión en el gobierno porque establece los términos donde el Estado no cumpla, no penalizará al ciudadano”, explicó Peña Payano.

Asimismo, Sebastián Negrón Reichard, secretario del DDEC, afirmó que la propuesta no trastocaría las leyes y reglamentaciones que favorecen las protecciones del medio ambiente y zonas protegidas.

“La protección del ambiente es extremadamente importante y el Código no trastoca los requerimientos que tenemos en ley para que todos los procesos ambientales y los impactos hay que hacerlos ya sea por requerimiento federal o estatal. Eso se protegerá. La intención del código es lo opuesto, crear la facultad de fiscalización y asegurarnos que permiso que se mita sea auditado”, señaló Negrón.