“La reforma de permisos ha sido un enfoque constante del Plan Fiscal para Puerto Rico”, indicaron.

Para el ente que supervisa las finanzas públicas en Puerto Rico, el propuesto proyecto para modificar los procesos de permisos de la gobernadora Jenniffer González Colón tiene elementos positivos y el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, confía que la Asamblea Legislativa aprobará una reforma antes que concluya la actual sesión ordinaria.

González Colón y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, simultáneamente radicaron dos proyectos para atender el asunto. El sometido por la administración tiene como objetivo establecer un nuevo código, mientras es que el de Rivera Schatz está dirigido a simplificar el actual.

“En todos los planes fiscales, las reformas de permisos han sido parte integrar desde el inicio de PROMESA y la creación de la Junta”, dijo Mujica.

La iniciativa de González Colón derogaría 14 leyes y enmendaría otras 29.

“Una reforma de permisos es esencial como parte de eso. Hemos trabajado con la gobernadora sobre la reforma de permisos, solo necesitamos que ocurra. No se trata de un proyecto de ley en la legislatura, no es sobre el sometido sino hacer algo”, sostuvo Mujica.

“Es difícil hacer negocios en Puerto Rico, es difícil obtener permisos e, independientemente de que se haga un presupuesto, si no hay crecimiento económico, no habrá los ingresos necesarios para hacer reformas contributivas en el futuro ni conceder créditos”, agregó.

“El proyecto sometido por la gobernadora es bueno. El Senado ha levantado preguntas legítimas sobre el proyecto y entiendo que se puede reconciliar uno que pase la legislatura”, indicó.

“No hay razón para que no ocurra este año”, concluyó en un aparte con la prensa.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que el proyecto tendría un impacto de unos $6.9 millones, pero como en otras ocasiones al defender medidas con efectos fiscales, el gobierno sostiene que la reforma generaría actividad económica adicional que, posiblemente, anularía el costo.

El proyecto crea nuevas plazas de trabajo y tendría un costo, solo en ese reglón, de $1.7 millones.

Los municipios han levantado preocupación sobre cómo la medida podría restarle autoridad al momento de autorizar no denegar permisos. Además, Rivera Schatz, ha dicho que la propuesta concentra demasiado poder en el DDEC.

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