Inició procesos de reclutamiento durante el periodo, pero la directora Área de Querellas e Investigación no recomienda sanción alguna.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) violó la ley al intentar llenar plazas en plena veda electoral del 2024, según se desprende de un informe preliminar de la Oficina del Inspector General.

Al momento de la posible infracción el DCR era dirigido por Ana Escobar, coordinadora electoral de la campaña de reelección de Pedro Pierluisi. La funcionaria había estado bajo fuego por el escándalo que provocó la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, asesino de Ivette Joan Meléndez.

El informe de la OIG, con fecha del 24 de marzo, indica que el 9 de agosto de 2024, el DCR publicó una convocatoria para el puesto de Oficinista I y que las entrevistas a los candidatos ocurrieron los días 7 y 8 de octubre. Ya el 6 de septiembre del 2024 había iniciado la veda electoral, mandatada por la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas.

Según la OIG, el DCR no solicitó una dispensa para hacer las contrataciones.

“Aunque el proceso de reclutamiento avanzó hasta la etapa de entrevistas y evaluación de candidatos elegibles, el DCR se encontraba impedido de formalizar cualquier nombramiento, lo que conllevó no se emitiera una determinación final ni se completara la adjudicación del puesto. A la fecha de la evaluación, el puesto continuaba vacante”, lee la evaluación firmada por Wilmarivette Otero Flores, directora Área de Querellas e Investigación.

La OIG también identificó otras deficiencias en proceso de reclutamiento como la ausencia de notificación a los candidatos no seleccionados, falta de evidencia de criterios utilizados por el comité evaluados y la inexistencia de un manual interno para procesos de reclutamiento.

El informe sostiene que no hace falta una investigación adicional ya que la gestión “permitió esclarecer los hechos y documentar incumplimientos procesales en el DCR”.

«Se recomienda concluir la intervención… Esta determinación no limita las prerrogativas de la
OIG para requerir acciones correctivas o ejercer otras facultades conferidas por ley, de surgir nueva
información», indicó Otero Flores.