Declaración oficial deja en el limbo a los trabajadores de dependencias que cierran durante la Semana Santa y no tienen manera de trabajar si así lo quisieran.

La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) sostuvo hoy que la decisión de un empleado público de tomarse con cargo a vacaciones del 30 de marzo al 2 de abril es voluntaria, en la mayoría de los casos.

En los que no lo son, se trata de personal que da servicios esenciales. No obstante, Facundo M. Di Mauro Vázquez, director de la OATRH, guardó silencio en un comunicado de prensa sobre empleados no quieran cargar los días a vacaciones pero trabajan en dependencias que cierran esos días.

Di Mauro Vázquez emitió hoy el Memorando Especial Núm. 3–2026, con el supuesto propósito de aclarar el alcance de la medida y garantizar información precisa a todos los servidores públicos.

En días recientes, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT SEIU) advirtió que, bajo el lenguaje de la “voluntariedad”, la medida traslada el costo a los propios trabajadores y trabajadoras, quienes tendrían que utilizar sus días acumulados para poder acogerse a ese tiempo libre.

“Lo que se está planteando como una alternativa voluntaria termina siendo una carga directa sobre la clase trabajadora, particularmente para el personal no docente y otros sectores que acumulan muy pocos días de vacaciones”, expresó Mariceli González, primera vicepresidenta del SPT.

El SPT señaló que la decisión resulta aún más inaceptable en un contexto donde los empleados públicos ya han sufrido reducciones en sus licencias de vacaciones y otros derechos laborales.

El SPT fue enfático en su reclamo: los días de Semana Santa deben concederse sin cargo a licencias de vacaciones, tal como ha sido la práctica de manera consistente durante años en el Departamento de Educación y otras dependencias públicas.

El documento de la OATRH establece que la concesión de los días comprendidos entre el lunes, 30 de marzo, y el jueves, 2 de abril de 2026, conforme a la Orden Ejecutiva 2026-014, tiene como objetivo brindar a los empleados públicos la oportunidad de compartir en familia y reflexionar durante la Semana Santa, sin menoscabar sus derechos laborales. No obstante, enfatiza que el uso de la licencia de vacaciones para estos días es de carácter voluntario, según también ha sido aclarado por el Gobierno. Esto significa que ningún empleado está obligado a acogerse a dicha licencia si no así lo desea.

“Nuestro compromiso es garantizar el bienestar de nuestros servidores públicos sin afectar sus derechos adquiridos. Esta medida brinda una oportunidad, no impone una obligación. Cada empleado tiene la libertad de decidir si utiliza o no su licencia de vacaciones”, expresó Di Mauro Vázquez.

Asimismo, la agencia recalcó que la implementación de esta medida corresponde a cada Autoridad Nominadora, quienes deberán considerar las particularidades operacionales de sus respectivas agencias, incluyendo los balances de licencias y la continuidad de los servicios esenciales al pueblo.

En ese sentido, se reiteró que:

• Los empleados que opten por no utilizar su licencia de vacaciones podrán continuar laborando con normalidad.
• Los empleados que prestan servicios esenciales deberán mantenerse en funciones para garantizar la continuidad de servicios gubernamentales.
• Se dará prioridad al uso de tiempo compensatorio acumulado, cuando aplique.

“La política pública que promovemos desde la OATRH está fundamentada en el Principio de Mérito, la equidad y la transparencia. Reafirmamos que ninguna acción administrativa puede menoscabar los derechos de nuestros empleados públicos”, añadió Di Mauro.

La OATRH también reconoció las preocupaciones expresadas por diversos sectores laborales y reiteró su apertura al diálogo constructivo con organizaciones sindicales, gremios y empleados públicos.

La OATRH exhorta a todos los servidores públicos a comunicarse con las oficinas de recursos humanos de sus agencias para orientación adicional y reafirma su compromiso con una gestión pública transparente, humana y responsable.