Una orden judicial dictará al Departamento de Hacienda que agilice el proceso de auditoría de las planillas del recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Perez, imputado en el foro estatal por no radicar planillas en el 2014, así como de cuatro corporaciones más.

La orden surge a raíz de una petición del cuerpo de defensa de Hernández Pérez, las corporaciones y los individuos imputados por el mismo delito, quienes solicitaron agotar primero todos los recursos administrativos, entre ellos, la auditoría de las planillas para evaluar la responsabilidad contributiva de cada uno. Cada una de las partes citadas a la sala 608 del Tribunal de San Juan, enfrenta un cargo por no radicación de planillas en el 2014.

Tanto el licenciado Daniel Font, quien representa a las empresas 3 Comm Global, Inc. y Links Group, LLC, como el licenciado Osvaldo Carlo, quien defiende a la empresa Kendall Consulting Group, Inc., solicitaron que se asignara lo antes posible uno o varios auditores, y que se le diera prioridad al proceso desde el Departamento de Hacienda para culminar la revisión en un término no mayor de 60 días.

‘Aquí están radicando una denuncia por no radicar planillas. Claramente si va a existir una obligación contributiva, uno lo va a pagar, porque nunca ha habido la intención de no pagarlo’, aclaró a la prensa el licenciado Antonio Sagardía, quien representa a Hernández Pérez y su esposa Verónica Ponce Peña.

Sin embargo, el abogado negó que esta petición fuera una admisión de culpabilidad.

‘Si se está pidiendo la auditoría es que la planilla no se radicó, pero no estamos admitiendo nada, esto no es ninguna admisión, es solamente un status conference para pedirle a Hacienda ‘audite y díganos cuál es la obligación contributiva’, y uno acá lo analiza y sabrá si es o no es, si hay una deducción que no se incluyó… el proceso administrativo que se debe seguir’, enunció el licenciado Sagardía.

Por el contrario, el fiscal Iván De Jesús González manifestó que ‘definitivamente’ esto era una admisión de no haber radicado planillas. ‘Si han radicado antes o después de la Regla 6, entendemos que sí lo es, es un admisión de no haber radicado en el término que la ley dispone’, expresó el fiscal de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.

De Jesús González informó que algunas de las corporaciones ya han radicado planillas que debían, pero lo han hecho posterior al momento en que se inició la investigación. Planillas que debían del 2014, fueron radicadas en el presente año.

En el proceso de auditoría, explicó, se presentarían las planillas, se auditaría, se corrigen, se evalúa si hay deficiencia de años anteriores, y una vez se cuente con la información completa, se procedería a conversar con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes.

En el caso de que se llegue a un acuerdo para que radiquen las planillas y paguen su obligación contributiva, los imputados podrían evadir un juicio, e incluso, su delito podría reclasificarse, todo dependiendo del acuerdo que se llegue. De igual forma, sostuvo el fiscal, pagar no exime a los imputados de exponerse a una pena de reclusión. Incluso, de resultar culpables e ingresar en la cárcel, el Departamento de Hacienda aún puede cobrar utilizando la vía administrativa.

‘No descartamos absolutamente nada, han estado muy dispuestos a presentarlo todo y han hecho admisiones de que no radicaron las planillas. Todo comenzó con una admisión de no radicación de planillas en el foro federal’, concluyó el fiscal, refiriéndose a la vista ante el Gran Jurado Federal del caso de Hernández Pérez en que se admitió dicha información.

Mientras que en el foro estatal solo enfrenta cargo por no radicación de planillas, en el foro federal Hernández Pérez se expone a cargos por soborno, extorsión y un patrón de corrupción pública al que se le vincula desde finales del 2012 hasta el presente, mediante los cuales se supone que el recaudor del PPD obtuvo contratos y beneficios que alcanzan los dos millones de dólares para corporaciones bajo su propiedad.

El juez Rafael Enrique Taboas Ávila pautó la vista de status para el 26 de mayo, fecha en que comparescerán Hernández Pérez y los demás imputados, excepto Jorge Rodríguez y la corporación EKO Technologies, LLC., quienes asistirán al Tribunal el 19 de mayo.