A pesar de que el Gobernador Luis Fortuño se adjudica haber tomado los pasos para terminar con la demanda federal por violación de los derechos civiles en los penales de Puerto Rico, que lleva 32 años activa y que ha costado unos $250 millones tan sólo en multas, la realidad es que el caso comenzó a ‘morir’ en 2004, y que fue un juez notorio el que puso el caso bajo la guillotina.

Los propios abogados de la Administración Fortuño, y los de la Corporación de Acción Civil que representen a los confinados, se llevaron un balde de agua fría cuando pretendieron que el tribunal les permitiera seguir discutiendo la ‘resolución’ del caso hasta octubre de 2012.

Esa propuesta provocó que el juez Paul Barbadoro, el mismo del caso del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, respondiera enérgicamente con una orden para que en los próximos tres meses se le den varios informes sobre cuáles son las controversias pendientes y cómo se van a abordar.

‘El Tribunal informa que este caso se va a resolver mediante acuerdos, o mediante juicio’, sentenció Barbadoro en una reunión el 11 de octubre para ilustrar que no va a permitir el ‘para atrás y para alante’ que ha caracterizado el caso desde que comenzó y en el que el Gobierno es usualmente representado por los bufetes favoritos del gobernador de turno. Barbadoro recibió el caso después de que el Primer Circuito de Apelaciones lo quitara de las manos del juez federal Juan M. Pérez Giménez, contra quien se emitió una orden de 2004 para que comenzara a ‘salirse’ del caso resolviendo las disputas pendientes lo más rápido posible.

Además del acuerdo en el área de libertad bajo palabra que NotiCel reportó en exclusiva el sábado, ya hay estipulaciones sobre visitas, hacinamiento, y las operaciones del complejo correccional de Río Piedras, que fue cerrado. Quedan controversias sobre cuidado médico, alimentación, trabajo, educación, rehabilitación, lavandería, acceso a los tribunales, y autofiscalización de los acuerdos, entre otras.

El trote que lleva Barbadoro ya provocó que el licenciado Carlos García Gutiérrez, quien ha tenido a su cargo la representación de los confinados desde que el pleito comenzó en 1979, presentara su renuncia en la reunión del 11 de octubre. El juez, quien está renuente a detener los trabajos en lo que se recopila evidencia del incumplimiento del Gobierno, todavía no la ha aceptado.

El juez denegó también una solicitud de la Administración Fortuño para que se diera espacio a que entrara un mediador antes de tener que informarle al juez qué queda por resolver.

‘La época de los atrasos en este caso de 30 años pasó hace tiempo. No se va a conceder ninguna otra posposición’, advirtió Barbadoro en la orden de 19 de septiembre en la que dicta los informes que deben recibirse en tres meses.