‘No hay vacío legal, no cabe el arresto domiciliario. El asunto es claro’, señaló Figallo al Canal N de televisión, al recordar que ese beneficio solo procede cuando se trata de una detención preventiva, es decir, antes de una condena.

El ministro añadió que tampoco pueden usarse los grilletes electrónicos, porque su aplicación aún no entra en vigencia y, además, solo será para sentenciados a menos de seis años de prisión.

Figallo recordó que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no puede darse una acción que conduzca a la reducción de una condena por violaciones de los derechos humanos.

El ministro ofreció estas declaraciones pocas horas antes de que un juez de Lima celebre una audiencia para analizar el pedido de arresto domiciliario que ha hecho la defensa de Fujimori.

Los abogados de los familiares de las víctimas de las masacres por las que fue condenado a 25 años de cárcel el expresidente han anunciado que no se presentarán a esa audiencia judicial.

Los familiares consideran una ‘afrenta’ el pedido de arresto domiciliario, según afirmó el miércoles Raida Cóndor, madre de Amaro Cóndor, uno de los nueve estudiantes de la universidad limeña de La Cantuta que fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos por el grupo militar encubierto ‘Colina’ en 1992.

Figallo también dijo hoy que no existe un hostigamiento contra Fujimori, tal como han señalado algunos de sus seguidores, y dijo que está dispuesto a presentarse ante el Congreso para explicar cualquier duda sobre ese tema.

El ministro dijo que el exmandatario aún no ha pagado las indemnizaciones económicas que se le ha impuesto y reiteró que si obtiene algún ingreso por una eventual publicación de sus memorias, es posible que un juez ordene que parte de ese dinero sea destinado a pagar su deuda con el Estado.

Fujimori (1990-2000) cumple su sentencia en un cuartel policial al este de Lima por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el ‘autogolpe’ de Estado que dio en abril de 1992.

El exgobernante también cumple otras sentencias menores por delitos de corrupción y actualmente afronta un nuevo proceso por su presunta responsabilidad en la entrega de dinero estatal para comprar la línea editorial de diarios sensacionalistas.