El proyecto va dirigido a eximir del IVU a los medicamentos de venta libre, algo que afectaría al erario, asegura Hacienda.

Resultaría en severos efectos al erario público si se da paso a una medida que busca eximir del pago de impuesto sobre ventas y uso (IVU) a los medicamentos sin receta comprados o despachados a personas de 65 año o más, alertó el Departamento de Hacienda.

El Proyecto del Senado 252 fue radicado a principios de la nueva administración por parte de del senador Rafael Santos Ortiz y como coautores los senadores Wilmer Reyes Berríos, Luis Colón La Santa, Jamie Barlucea, Jeison Rosa, Migdalia Padilla Alvelo y Héctor González.

La medida legislativa que está bajo la evaluación de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA, que preside Padilla Alvelo, todo apunta que tendrá que ser modificada o de lo contrario, tendrán que emitir un informe negativo por el gran impacto fiscal que ya se ha anticipado en vista pública.

Según la exposición de motivos, la intención del proyecto recae por el aumento poblacional de personas de la tercera edad que plantea de entrada desafíos en los servicios de salud, pensiones y otros aspectos relacionados con el bienestar de los adultos mayores.

Historia relacionada: Apoyan medidas que benefician a los adultos mayores en Puerto Rico

«La eliminación del impuesto sobre venta y uso (IVU) en medicamentos sin receta aliviaría la carga económica de este grupo, permitiéndoles gastar menos en productos esenciales y destinar esos recursos donde lo necesiten. El objetivo es reducir el costo de los medicamentos de venta libre (OTC) para las personas que lo necesitan redundando en un mayor acceso a medicamentos esenciales para el bienestar de esta población», reza el proyecto de ley.

En la vista pública, el Departamento de Hacienda, insistió en el impacto millonario al erario de ser aprobada esta medida legislativa.

También explicaron que la propia Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) publicó un informe donde refleja que el impacto estatal sería: $174.4 millones para el año 2026, $179.1 millones para el año 2027, $183.1 millones en el 2028, para el año 2029 el impacto ascendería a $190.4 millones y para el 2030 podría escalar a $195 millones.

«El Departamento realiza sus análisis de impacto económico utilizando Ia información que recibe a través de las planillas y formularios (declaraciones, planillas informativas, entre otros), por lo que Ia información necesaria para poder hacer un análisis de impacto de esta medida sería de fuentes externas. Las planillas del IVU no incluyen una segregación de los artículos de consumo detallados en el proyecto, ni de Ia población particular que se propone disfrute de esta exención. Además, una medida de esta índole representa otros retos más allá de un impacto fiscal, particularmente su fiscalización e implementación», explicó la asesora técnica del Departamento de Hacienda, la licenciada Johanna Roena.

Historia relacionada: Familia reconoce aumento en abandono de adultos mayores en hospitales del País

La senadora Padilla Alvelo, trajo sobre la mesa si existía la posibilidad de aumentar los años como requisito de la extensión para que el impacto al erario fuera menor. Sin embargo, Roena insistió que la medida no solo coloca al Estado en una posición fiscal compleja, sino que también el proyecto implicaría otros ajustes que aún no se contemplan para su análisis.

«Cualquiera puede obtener estos over the counter, actualmente no se solicita nada para comprar esto. Así que, hay que analizar, habría que sentarnos para ver cómo se fiscaliza para que los adultos sean los que estén recibiendo el beneficio», destacó Roena.

Por su parte, la senadora penepé, Nitza Morán Trinidad, aseguró que sí hay alternativas de fiscalización viables para que el proyecto de ley se concrete.

Sugirió que se añada a la medida que los adultos mayores de 65 años o más muestren una identificación para que se le exima del IVU a la hora de comprar sus medicamentos o que se enmiende el proyecto para que se cree un incentivo para las aseguradoras que provean este beneficio.

«Tenemos que ver las alternativas. Creo que estas dos alternativas como fiscalizadoras pudieran ser incorporadas en la medida o consideradas. Ya hay leyes que podemos constatar que dan resultados», puntualizó Morán Trinidad.

Historia relacionada: Casi el 30% de los habitantes de Vega Baja son adultos mayores con necesidad de vivienda