El designado superintendente de la Policía, Jose Caldero López, dio algunos indicios el lunes de lo que sería su plan de acción en el alto mando de la Uniformada, al expresarse a favor de la descentralización de las regiones policíacas, así como de la eliminación de la Junta que rige a la academia de la Policía para colocarla bajo el mando de la propia Superintendencia.

Tras culminar la vista de confirmación ante la Comisión de lo Jurídico, el presidente del Senado, EduardoBhatia,aseguró que la confirmación puede darse tan temprano como en 15 horas o 15 días.

Respaldado por su familia, que lo escuchaba atenta desde la primera fila, el retirado coronel de la Policía indicó que sus tres objetivos serán: mejorar el servicio a la ciudadanía a través de la reactivación de los Consejos de Seguridad Vecinal; dirigir más recursos al patrullaje preventivo; y aumentar el esclarecimiento de casos de 50 a al menos 65% a través de la reactivación de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales, que se desmanteló en 2009.

En cuanto al plan de acción, Caldero expresó interés en reclutar a los policías jubilados para que realicen las labores clericales que actualmente hacen 1,218 agentes, que podrían ser reubicados en la calle, sin necesidad de comenzar un nuevo proceso de adiestramiento.

A preguntas del senador Ángel Rosa, Caldero se expresó en contra del cambio en la estructura jerárquica que se hizo bajo la Superintendencia de Héctor Pesquera por considerar que es un engranaje burocrático que entorpece la labor de los directores de las trece regiones policíacas. ‘Al crear esas (cuatro) regiones (por encima de las otras trece) se crearon doce puestos, doce oficinas, doce secretarias, doce carros, y doce celulares, cuando el que hace el trabajo realmente es el comandante de área y le han puesto un coronel por encima’, comentó al denotar que su enfoque, contrario al de su antecesor, será dotar de mayor autonomía a los directores regionales.

Caldero reconoció las preocupaciones de los agentes en cuanto al seguro de incapacidad, el déficit en su Sistema de Retiro, y la demora en atender las solicitudes de traslado, aunque no expresó planes específicos para solucionarlas. Sí comentó, sin embargo, que ha hablado con algunos senadores sobre la posibilidad de asignar una partida anual para que se empiece a pagar la deuda de $300 millones que tiene el gobierno desde hace décadas por el pago de horas extras de la policía.

El momento más controversial durante la vista de confirmación, en donde tanto los senadores de mayoría como del Partido Nuevo Progresista (PNP) expresaron su respaldo a Caldero, fue cuando le tocó el turno a la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quien tildó de ‘muy generales’ las propuestas. ‘Es que es un problema mucho más complejo. No se trata de tratar gentilmente a las personas’, criticó Santiago al pedir que ofreciera más detalles que el readiestramiento a la Policía y el mejoramiento al servicio ciudadano.

La senadora fue quien único se expresó en contra de la confirmación, al entender que no se debía nombrar como Superintendente hasta tanto no culminara un pleito legal en que el designado figura como una de las partes demandadas por unos policías que alegan un traslado injustificado.

Caldero explicó, sin embargo, que la demanda fue archivada, y que el traslado formó parte de una investigación por corrupción en la que resultó convicto un agente de la División de Investigaciones Criminales. ‘Se hizo polígrafo a todo el mundo en esa división. Las cinco personas que se colgaron en el polígrafo fueron trasladadas y son las que están demandando y apelando el caso’, respondió.

El coronel también fue abordado sobre las preocupaciones de un sector que critica el mal manejo que hubo con los manifestantes que protestaron por la construcción de Paseo Caribe, en el Viejo San Juan, a lo que contestó que sólo asistió tres días, dos de ellos a hablar con el ambientalista ‘Tito Kayak’, y que no recibió querella de que se golpeó a nadie. ‘No podía hacer nada porque eso no estaba bajo mi sombrilla’, defendió, quien dijo que su prioridad como Superintendente será atender los acuerdos con el gobierno federal ante los señalamientos por la violación de derechos civiles.

Por su parte, el senador Thomas Rivera Shatz lo abordó sobre la colaboración de la policía con las agencias de seguridad federal en el operativo en que fue asesinado el líder de los macheteros Filiberto Ojeda en 2005, a lo que contestó que la labor que realizó la policía estatal fue de cubrir los perímetros únicamente. ‘Se me solicitó el robot de explosivos y el Superintendente no lo autorizó’, comentó, al agregar que estaría dispuesto a investigar también a las autoridades federales cuando incurran en abuso de poder.