Dos agentes de la Policía de Puerto Rico fueron expuestos a un terrible patrón de hostigamiento laboral por parte de sus supervisores, en el que recibieron amenazas de muerte, tuvieron que esconderse, mudarse junto a sus familiares y renunciar a su trabajo, luego de que se supiera que colaboraron con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en una investigación de corrupción policíaca.

El entonces gobernador Luis Fortuño les denominó ‘héroes’ a los agentes Alberto Rivera Quiñones y Luis Cruz Figueroa, luego de que la Fiscalía Federal anunciara el arresto de decenas de policías corruptos como parte del operativo ‘Guard Schack’, en el que ambos habían colaborado como agentes encubiertos del FBI para grabar a compañeros de la Policía que cometieran actos de corrupción para la venta de drogas y armas ilegales. Sin embargo, las represalias que sufrieron tras los arrestos realizados el 9 de octubre de2010 por partede sus supervisores dista mucho del trato quemerecen los héroes.

El operativo ‘Guard Schack’ fue anunciado como uno histórico en la historia del FBI. Según el portal electrónico de esa agencia, incluyó el arresto de 61 oficiales del Departamento de Policía de Puerto Rico, 16 funcionarios de otros departamentos de la policía municipal, una docena de funcionarios de prisiones, miembros de la Guardia Nacional y dos soldados del Ejército de Estados Unidos.

En una demanda de 17 páginas, radicada el miércoles por el licenciado Héctor Figueroa Vincenty, ambos alegan que luego de entregar la evidencia que llevó alos arrestos, quedaron desprotegidos por la agencia federal, mientras el liderato de la Policía de Puerto Rico los dejó sin paga durante años, les asignóoperativosjunto aotros agentes a quienes denunciaron como corruptos y los sometió a intimidaciones.

Particularmente, hay un incidente en que el teniente José Rivera Alicea les asignó a encontrarse en el estacionamiento del coliseo Roberto Clemente para ‘coordinar un operativa en La Perla’, en el que estarían otros agentes que ellos habían denunciado en su trabajo encubierto. Convencidos de que habían sido asignados allí para ser asesinados por otros miembros de la Policía, clamaron a su supervisor inmediato que les librara de esa tarea, a lo que accedió.

Más tarde fueron re asignados a trabajar en el Cuartel General, donde sufrieron intimidaciones por parte del teniente Rivera Alicea, quien supuestamente comentaba en voz alta ‘que tarde o temprano serían asesinados donde quiera que los reubicaran’.

Al momento de la demanda, cinco años después de los arrestos por el FBI, Cruz está aún escondido protegiendo a su familia, quienes sufren miedo a represalias. Pese a que permanece siendo miembro de la Uniformada, no ha recibido su salario desde hace dos años, mientras que a Rivera le dejaron de pagar sus compensaciones desde octubre de 2010 y le cancelaron el plan médico y el de sus hijos.Rivera renunció a la Policía.

Las autoridades federales le había reubicado en un lugar desconocido fuera de Puerto Rico en el tiempo de los arrestos, pero al mes tuvieron que regresar a Puerto Rico por quedarse sin dinero. Indican que en una ocasión unos individuos entraron a la casa de Rivera, pero se fueron previo a ser identificados, y que en otra ocasión miembros de la Uniformada merodeaban por el vecindario preguntándole a los vecinos ‘de forma intimidante’ donde vivían.

Tras una evaluación médica y psicológica, el Fondo de Seguro del Estado les recomendó descanso y tratamiento médico.