La naviera Crowley y la Autoridad de los Puertos (AP) transaron el pleito que mantenía detenido el proceso compulsorio de inspección de furgones desde el lunes y nuevos documentos apuntan a que Puertos se echó para atrás.

‘Ambas partes han acordado permitir las pruebas limitadas del sistema de inspección de furgones; asegurar que no habrá dilación, para el demandante o sus clientes, por el programa de inspección de furgones; y que ningún cargo o tarifa será impuesta a Crowley o sus clientes hasta que se ponga en vigor válidamente alguna regulación de aplicación general’, dijeron ambas partes en una moción conjunta sometida el sábado.

Crowley había dicho en su su solicitud urgente al tribunal que AP le violaba sus derechos, ya que las máquinas de inspección sólo se han instalado en el terminal que usan ellos. La AP le notificó el mismo viernes de que las inspecciones comenzaban el lunes. Las máquinas no han sido probadas y los oficiales de la AP no accedieron a solicitudes de Crowley para posponer el inicio. Tampoco hay un reglamento para ejecutar la inspección, que sólo existe como una ley de 2008.

En entrevista con NotiCel, Escudero dijo que combatirían a Crowley y que sus alegaciones no eran correctas. Ahora el pleito termina con el sistema comenzando a medio pocillo, en vez de completo como pretendía la AP.

La compañía privada Rapidscan Security Systems se llevó el contrato para realizar la inspección mandatoria que comenzaría en el terminal de Crowley pero se supone que se extienda a todos los terminales, a un costo de $60 por contenedor. Los navieros han dicho que este costo pasaría al consumidor en la cadena de distribución.