Las administraciones del Sistema de Retiro del Gobierno y de la Judicatura (ASR) dejaron de cobrar intereses a municipios, departamentos y corporaciones públicas que no pagaron las aportaciones de sus empleados, lo que implicaría la radicación de casos criminales contra los encargados de las dependencias. Sin embargo, Retiro mantiene dormidos los poderes que le otorga la ley.

De acuerdo a información contenida en las minutas de la Junta de Síndicos de la ASR, al 15 de septiembre, las 10 principales agencias y corporaciones públicas debían unos $125 millones.

Estas fueron la Administración de Servicios Médicos (ASEM), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Autoridad de Puertos (AP), la Corporación del Fondo de Seguro del Estado, la Corporación Azucarera, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Compañía de Parques Nacionales (CPN) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

Solo la deuda entre ASEM, la AAA, la AMA y la AP totalizaban alrededor de $88.8 millones.

De hecho, se supo que hasta el pasado 30 de agosto, la deuda total de las agencias y corporaciones públicas sobrepasaban los $130 millones, lo que implica que casi el 96% de la deuda recaía en esas 10 entidades gubernamentales.

Mientras, los principales 10 municipios morosos eran San Juan, Ponce, Arecibo, Carolina, Toa Baja, Caguas, Mayagüez, Humacao, Cataño y Ciales.En conjunto estos ayuntamientos le debían a la ASR unos $29.2 millones, donde el 68% correspondía a la deuda que mantenía San Juan, Ponce y Arecibo, por las remesas de las aportaciones y el pago de Leyes Especiales.

Según la ASR todos estos municipios y casi la mayoría de estas agencias y corporaciones actualmente gozan de planes de pagos.

No obstante, la ASR le había cerrado servicios a ASEM, ATM y AMA; además, de los municipios de Arecibo, Loíza, Maricao, Ponce, Toa Baja y Villalba. Esto quiere decir que los empleados no pueden obtener los servicios que ofrece el Sistema.

La Ley 3 de 2013 establece que cuando un patrono entra en morosidad la ASR puede iniciar gestiones de cobro del monto adeudado más el pago de intereses. Sin embargo, minutas de la Junta de Síndicos de la ASR, del pasado octubre de 2013 dejaron entrever que la agencia no estaba cobrando los intereses en los planes de pago.

Asimismo, la Ley 32 de 2013 le permite al administrador interino de la ASR, Francisco del Castillo Orozco, interpelar a los patronos morosos. De igual forma, dispone que las deudas pueden ser cobradas por medio del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y el Departamento de Hacienda.

Si al jefe de agencia le faltan recursos económicos para emitir el pago y no cumple con certificar su situación fiscal y notificarlo a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Representantes, se entiende que ha incurrido en la comisión de un delito menos grave y de ser hallado culpable se le puede imponer una pena de reclusión de seis meses y/o la imposición de multas de $5 mil que debe satisfacer con su propio bolsillo.

El portavoz de la ASR, Carlos Ramos, aseguró que todos los patronos morosos que tengan los servicios cerrados han sido interpelados. Sin embargo, admite que en lo que va de la Administración García Padilla no se ha referido ningún caso al Departamento de Justicia.

Este destaca que en el cuatrienio pasado se llegaron a referir a Justicia a los municipios de Toa Baja, Naguabo, Patillas, Santa Isabel, Maricao, Río Grande, Yauco, Ciales, Salinas, Arecibo, Guánica y Lajas. Además, se refirieron a ASEM y AMA. Más, Ramos no pudo precisar el estatus de dichos referidos.

Por su parte, la portavoz del Departamento de Justicia, Amber Lee Vélez, confirmó que el pasado junio la ASR refirió el caso de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) por la deuda de $553 mil que mantienen, pero todavía el caso no ha sido resuelto. Extrañamente, el mismo Ramos negó que el caso fuera referido a Justicia.

Entretanto, hay que recordar que esta morosidad de los patronos agrava la situación fiscal de la ASR, que además, enfrenta una merma en las aportaciones adicionales que se supone hicierael Gobierno Central, las corporaciones y los municipios. En síntesis se suponía que este año fiscal el Gobierno Central hiciera una aportación adicional de $78.9 millones, mientras los municipios y corporaciones remitirían unos $41.1 millones.

‘Si la situación financiera del Gobierno no mejora como resultado de las medidas fiscales y presupuestarias que se están tomando, su capacidad para pagar sus obligaciones, incluyendo sus contribuciones patronales regulares al sistema y su contribución adicional por los próximos años según dispuesto en la Ley 32, pueden seguir viéndose afectados negativamente, y también podría afectar el pago de los beneficios y el repago de los bonos del Sistema’, advierte el informe de la firma KPMG.

En una minuta de la Junta de Síndicos de la ASR del pasado 26 de febrero de 2014, el Comité de Inversiones de la ASR ya advertía que proyectaban cerrar con un déficit de $727 millones. ‘El aumento en el déficit proyectado se debió al aumento en las pensiones y el aumento en los reembolsos de las aportaciones, debido a la Ley 3 de 2013’, se estipula en la minuta.

En dicha minuta se planteaba que la ASR buscaría contrarrestar esa deficiencia en el flujo de caja anual con la partida adicional uniforme de los $120 millones de la Ley 32, el acceso a $53 millones del exceso de aportaciones de los bonos de obligación de pensiones (POBs, por sus siglas en inglés), al menos $200 millones que se conseguirían con la venta de la cartera de préstamos personales al Banco Popular y al Banco Cooperativo, $20 millones de la aportación adicional especial de la Ley 32, y $26 millones de la deuda que mantienen las corporaciones que operan del Fondo General.

El informe actuarial preparado por la firma Milliman, expone que al 30 junio de 2013 el déficit actuarial del Sistema de Retiro Central ascendía a $22,981 millones.

La capacidad de pago de sus obligaciones (‘funding ratio’) era de 3.1%. Lo que quiere decir que por cada dólar que tenían comprometido, la ASR solo contaba con 3 centavos.

En el informe trimestral del Gobierno publicado el pasado julio de 2014, se plantea que la disminución del ‘funding ratio’ durante el pasado año fiscal se debe a una merma en el valor actuarial de los activos de la ASR de $1,200 millones a $731 millones.

‘La disminución en el valor actuarial de los activos refleja un sistema que se está desfinanciando como resultado de la continuación de la financiación neta y el déficit de flujo de caja que está agotando los activos del plan’, se estipula.