El Senado de Puerto Rico se propone aprobar una medida para enmendar la Ley de Condominios que permitiría a los desarrolladores pasarle la factura a los dueños de apartamentos por concepto de mantenimiento de las áreas y facilidades comunes.

Mientras grupos de desarrolladores y agencias de gobierno apoyaron la medida, Mary Ortega, directora de la Asociación de Apoyo a Condominios y Controles de Acceso de Puerto Rico, señaló a NotiCel que de primera instancia el proyecto parece que ‘sería en contra del consumidor’.

Dentro del P. del S. 2239, de la autoría del senador Larry Seilhamer, se estipula que la situación en la industria de bienes raíces hace meritoria dicha aprobación. La idea de la medida es que el desarrollador que en un periodo de dos años no logre vender el 51% o 75% de los apartamentos de dicho proyecto de condominios, pueda exigirle a los dueños de las unidades el pago proporcionado de los gastos de mantenimiento. El desarrollador debe notificar al dueño del inmueble 30 días antes de que le comience a cobrar dicho cargo.

La medida sostiene que las condiciones del mercado han dilatado la venta de apartamentos, lo que provoca que el desarrollador se vea obligado a correr con los gastos del mantenimiento del complejo al no lograr el por ciento mínimo de venta.

Durante una vista pública de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura, la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico favoreció la medida al plantear que existen complejos de condominios donde los dueños de los apartamentos llevan más de cuatro años sin pagar la cuota de mantenimiento. A juicio de la Asociación esto es un ‘enriquecimiento injusto’.

‘Al paralizarse las ventas en un proyecto, ya sea porque el mercado no haya mejorado o peor aún, porque el condominio tiene varias fases y no tiene siquiera suficientes unidades terminadas para poder venderlas y llegar al porcentaje requerido, esto significa un subsidio a perpetuidad del pago de mantenimiento para algunos titulares’, alegaron.

El Departamento de la Familia y la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, Inc. también apoyaron el proyecto argumentando que ayudaría a fortalecer el mercado inmobiliario en el país.

La Asociación de Contratistas Generales Capítulo de Puerto Rico se unió al grupo planteando que evitaría que muchos desarrolladores lleguen a la quiebra o que pudiera ayedar para que otros puedan seguir desarrollando proyectos de vivienda.

Y hasta el Departamento de Asuntos del Consumidor, agencia supuesta a defender a los consumidores, apoyó el proyecto, pero con la salvedad de que se incluyan unas enmiendas entre las que destacó que el presupuesto determinado para los gastos de mantenimiento debe ser aprobado por el Consejo de Titulares.

Entretanto la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico levantó bandera roja sobre el posible impacto negativo para los dueños de apartamentos al tener que asumir los gastos de mantenimiento del complejo.