Apartamentos pueden estar bajo un plan de modernización, en mantenimiento, listos para ser demolidos o en manos de bandas narco, que los usan como almacenes.

Fue el el director del Negociado de Inteligencia de la Policía, capitán Luis Díaz, quien el pasado 12 de diciembre, tras allanamientos efectuados a tres residenciales públicos de la capital, apuntó luego del operativo que «pudimos corroborar» que había «un centenar de apartamentos vacantes en edificios en remodelación», los cuales «son utilizados ilegalmente como almacén para guardar el material delictivo”.

Las unidades vacantes, o no tanto a la luz de las expresiones del jefe policial, sumaban en diciembre 2,177 a nivel de la Isla, pero más allá del hecho puntual de que la delincuencia las use para guardar armas y drogas, la Administración de Vivienda Pública (AVP) trabaja con estos espacios para que sean habitables y puestos a disposición de quienes necesitan una residencia.

Solo en enero, de acuerdo con datos de la AVP, hubo 15,800 solicitudes de vivienda pública, sin contar las de Sección 8, que alcanzaron las 7,000, ni de las que se piden bajo proyectos que no están en manos de la agencia, a través de programas municipales o proyectos como égidas, por ejemplo.

Eso, sin contar el tiempo que una familia puede demorar en conseguir un apartamento en un residencial público: 120 días en promedio.

Al final, en diciembre pasado, el número de unidades disponibles para ser ocupadas alcanzó a 460.

¿Qué pasa, entonces, con las unidades vacantes?

Al margen de lo ocurrido tras los allanamientos realizados en los complejos habitacionales Monte Hatillo, Jardines del Paraíso y Las Dalias, en Río Piedras, el director de la AVP, Alejandro Salgado Colón, explicó lo que sucede con las unidades vacantes de los 328 proyectos de vivienda pública.

«Nosotros tenemos 53,822 unidades de vivienda pública y ciertamente hay un número de unidades que, como parte de las operaciones regulares de la agencia, hay algunas de ellas que están vacantes por distintos factores», declaró el funcionario.

Agregó que «hay unidades que están vacantes porque están en planes de modernización, otras que están bajo un mantenimiento extraordinario y otras que, una vez se desocupan entran a un plan de mantenimiento ordinario para ser ocupadas nuevamente. De igual manera, hay unidades que pueden estar vacantes porque tienen autorizaciones para ser demolidas. En su gran mayoría son este tipo de unidades, por la obsolescencia de los proyectos».

Las unidades vacantes aprobadas para ser demolidas suman 1,073, mientras que 291 están bajo la misma condición luego de que fueran afectadas por algún evento natural, como el terremoto de enero de 2020.

El funcionario también resaltó que hay unidades vacantes (cerca de 2,500) que están siendo trabajadas para que cumplan la normativa de «vivienda justa».

El titular de la dependencia pública indicó que la agencia maneja sus planes de trabajo para la entrega de unidades vacantes bajo mantenimiento ordinario y que busca aumentar la cifra de los apartamentos que están siendo modernizados, además de los proyectos de construcción de 780 unidades adicionales «nuevas para el mercado».

Mientras, la AVP sigue trabajando con sus apartamentos vacantes, lo más lejos de la mano criminal: «Intentamos llevar a cabo las mejoras a estas unidades lo más rápido posible. Nuestra misión es poder asignar y ocupar viviendas, ese es nuestro negocios. Y tener la mayor cantidad de unidades disponibles para las personas de escasos recursos. Puede darse el caso que una unidad esté vacante, porque está bajo un plan de modernización o mantenimiento, y que una persona las ocupe ilegalmente. Pero nosotros trabajamos de la mano de la Policía para compartir información sobre las unidades que nosotros tenemos y que se esté dando un tipo de situación como la de hace unas semanas, con la meta de que se intervengan y se recuperen, se rescaten esas unidades, y ponerlas bajo nuestros programas».

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