El ente fiscal dice que el gobierno no ha evaluado completamente el impacto que la movida tiene en las finanzas públicas.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) determinó que el gobierno no ha evaluado completamente el impacto fiscal de la recién firmada Ley 67 mediante la que se creó el Distrito Deportivo Roberto Clemente que, entre otras cosas, transfiere la Ciudad Deportiva Roberto Clemente al Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

La ley revierte otra de 1973 que había cedido los terrenos de Ciudad Deportiva en Carolina a una entidad sin fines de lucro que lleva el mismo nombre y en la que participa la familia de la fallecida leyenda del béisbol boricua, cuya hazaña de 3,000 ‘hits’ en las mayores celebra este año su 50 aniversario.

Los terrenos quedarían bajo el DRD pero la ley dice que la responsabilidad de la planificación y desarrollo de los mismos recae sobre la Autoridad para el Distrito de Convenciones (ADC), la cual recibirá $150,000 anuales del DRD para esas funciones.

Pero la Junta señaló en una carta el jueves que la evaluación que hizo el gobierno «falla en analizar o abordar sustancialmente las ramificaciones económicas de la ley, como requerido por la Ley PROMESA». «En particular, no hay análisis sobre el impacto anual en los presupuestos del DRD o de la ADC. Más aún, ni lo que sometió el gobierno ni sus anejos indican la cantidad que se requerirá como inversión inicial para mejorar las condiciones de las facilidades y llevarlas a su uso óptimo, como contempla la ley», añade.

La carta alude a que se proveyó cierto financiamiento para el proyecto mediante las resoluciones conjuntas de la Cámara de Representantes, que ordenaron al Departamento de Transportación y Obras Públicas a crear para este año una tablilla y marbetes conmemorativos del ‘hit’ 3,000 con el propósito expreso de levantar dinero para capitalizar la creación del Distrito Deportivo, pero esto es solo durante un año, por lo que no hay análisis de cuánto impacto tendrá esta operación en el Fondo General en años futuros.

El gobierno «ha provisto detalles insuficientes sobre cómo se financiará la administración, mantenimiento, obras permanentes y mejoras» de esta instalación, por lo que pidieron información adicional para el 15 de septiembre.

La movida del gobierno con Ciudad Deportiva, impulsada por el representante popular Ángel Matos García, pero avalada también por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, también es objeto de una demanda federal de parte de los tres hijos de Clemente, quienes sostienen que el nombre de su padre es una marca comercial que se usó sin permiso para generar dinero con la tablilla y marbetes conmemorativos.

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