El Departamento de Justicia se prepara para presentar demanda de recobro contra el contratista que resultó culpable por corrupción en la Superintendencia del Capitolio.

El Departamento de Justicia asignó a un abogado para presentar una demanda civil con la que se pueda recobrar el dinero que fue robado al fisco como parte del esquema de corrupción en obras de la Superintendencia del Capitolio por el cual salieron culpables varios individuos.

Según el Artículo 5.2 del Código Anticorrupción, el Secretario de Justicia está facultado para presentar las acciones necesarias “contra toda persona natural o jurídica que haya incurrido en acciones u omisiones negligentes, culposas o ilícitas en menoscabo del erario, con el fin de reclamar que se le adjudique una indemnización monetaria equivalente al triple del daño económico ocasionado al erario mediante dicha conducta”.

Para el esquema, que se desarrolló en el cuatrienio de 2009 a 2012 cuando eran presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz (Senado) y Jenniffer González Colón (Cámara de Representantes), la Contraloría detectó que los contratistas pagaban a empleados mientras se les favorecía con adjudicaciones de subastas, pagos por trabajo no realizado y más de un pago por el mismo trabajo. Según esa auditoría, el esquema habría provocado pérdida de hasta $2.9 millones en fondos públicos.

Pero no necesariamente los $2.9 millones completos serían el objeto de una demanda de recobro, ya que dependería de la prueba finalmente adjudicada en el juicio que las fiscales Gretchen Camacho Rossy y Wilda Nin Pacheco llevaron durante tres años y que culminó en junio pasado cuando la jueza Wanda Cruz Ayala declaró culpables a un grupo de cinco personas, incluyendo el contratista Edil Danois Román y su esposa, Elena Cuervo Sierra, quienes perpetraron el esquema a través de Restaura Contractor, Inc.

Ese veredicto, y el cálculo de la pérdida, es lo que Justicia necesita para presentar la demanda, según el Código Anticorrupción. Otras personas se declararon culpables antes de llegar a juicio y la aceptación de culpa también da pie a que Justicia les presente las reclamaciones que correspondan. El viernes pasado, el tribunal emitió la primera sentencia contra los convictos. El exdirector de gerencia de proyectos de la Superintendencia, Juan Carlos Acosta, recibió dos años de cárcel bajo el mecanismo de sentencia suspendida o probatoria, $5,000 de restitución, $900 de pena especial y ser incluido en el Registro de Personas Convictas por Corrupción. Las sentencias continúan el 17 de septiembre.

La activación de la División de Asuntos Contributivos, Cobro de Dinero y Expropiaciones de Justicia ocurrió a solicitud del actual Superintendente del Capitolio, César Hernández Alfonzo, quien ya le había adelantado a NotiCel que necesitaba $17 millones solo para hacer labores de restauración de la planta física principal de la Casa de las Leyes por daños que sufrió debido a la falta de mantenimiento y al huracán María. La Junta de Supervisión Fiscal asignó $10 millones para las obras, pero todavía se busca el resto del dinero.

La demanda que se presente contra Danois Román se va a encontrar con una que el contratista sometió contra la Superintendencia en septiembre de 2020 reclamando que todavía supuestamente se le deben $381,491.50 por trabajos que realizó precisamente durante el cuatrienio en que se identificó el esquema de fraude.

La Superintendencia pidió la activación de Justicia en un segundo caso, que también surge de una auditoría de la Contraloría. Es una acción extrajudicial de cobro en la que se busca que el exsenador Roger Iglesias Sepúlveda devuelva $7,500 que se le pagaron ilegalmente en exceso bajo un contrato de inspección de proyectos que se le extendió el 2010, a pesar de que no tiene licencia de ingeniero.

Si Iglesias Sepúlveda no accede a pagar extrajudicialmente, el Código Anticorrupción admite que se inicie una demanda en su contra, aunque no haya sido acusado criminalmente, cuando indica en su Artículo 5.4 que “[e]n los casos en los que no haya precedido a la acción civil una convicción o alegación de culpabilidad en un proceso penal por los mismos hechos, la comisión de los actos u omisiones negligentes, culposos o ilícitos en menoscabo del erario podrá evidenciarse por preponderancia de la prueba”.

La demanda de la Superintendencia está asignada a Jahdiel F. Carrasquillo Rivera y la reclamación contra Iglesias Sepúlveda a Víctor E. Jiménez Romero.

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