La decisión del juez Francisco Besosa de aceptar el acuerdo, o no, podría no conocerse hasta septiembre, cuando fijó vista de sentencia.

El juez Francisco Besosa dejó en suspenso hoy su aceptación del acuerdo de culpabilidad al que llegó la exsecretaria de Educación, Julia Beatrice Keleher, con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, por lo que el acuerdo no está formalmente aceptado todavía y la decisión del juez podría tomar hasta septiembre, cuando fijó vista de sentencia.

Keleher le dijo al juez que aceptaba culpa por los dos cargos que se le presentaron mediante denuncia, y que NotiCel adelantó en detalle más temprano hoy, pero el juez Besosa dijo a las parte que va a esperar a evaluar el informe presentencia antes de decidir si acepta o no el acuerdo.

La razón por la que este tipo de acuerdo, conocido como “Tipo C”, necesita la anuencia del juez es que el juez se estaría obligando a impartir la misma sentencia que tiene el acuerdo, en este caso, seis meses de cárcel y 12 meses de libertad supervisada con confinamiento domiciliario. En otro tipo de acuerdo, el juez queda libre de sentenciar dentro de los rangos establecidos para los delitos aceptados.

Los delitos por los que Keleher aceptó culpa tienen un máximo de sentencia de cinco años. El acuerdo incluye también multa de $21,000 que representa el total de los beneficios que Keleher recibió en los esquemas.

El juez indicó que esperará al informe de la Oficina de Presentencia, que es la base sobre la que los jueces aplican su discreción al emitir una sentencia baja, neutral o alta, dentro de los rangos de cada delito. Besosa no ofreció más explicación al emitir su determinación, pero una posibilidad es que quiera cerciorarse con el informe presentencia si una pena de seis meses de cárcel se ajusta al historial de la acusada. Estos informes proveen datos de la trayectoria personal, profesional y delictiva, si alguna, de los acusados, incluyendo actos que no están cubiertos en las acusaciones formales.

Si Besosa no acepta el acuerdo, todo el proceso puede revertirse y Keleher estaría otra vez expuesta a las dos acusaciones de Gran Jurado que enfrenta desde 2019 con 33 cargos entre ambas, mientras que la fiscalía quedaría expuesta a tener que desestimar al menos la mitad de ellos debido a nuevas doctrinas legales que afectan su teoría de los delitos y su capacidad para procesar a la exfuncionaria.

Besosa fijó la vista de sentencia para el 7 de septiembre de 2021 y probablemente ocurra por método remoto, como ocurrió la vista de hoy. De hecho, Keleher le dijo al juez que estaba atendiendo la vista de hoy desde la casa de sus padres, a las afueras de Filadelfia.

“Quiero cambiar mi alegación y someter una alegación de culpabilidad por la denuncia radicada por el gobierno”, indicó la exfuncionaria de 46 años al principio de la vista, como parte de un interrogatorio en el que consignó también que tiene dos maestrías y un doctorado.

Después de que el juez explicó los dos cargos y de que el fiscal Alexandur Alum leyera las estipulaciones de hecho que detalla la conducta delictiva, Besosa le preguntó “¿Eso fue lo que usted hizo? ¿A eso es a lo que se está declarando culpable?”. “Sí, su señoría. Culpable, su señoría”, contestó la acusada.

Los hechos comienzan con intervención de los superiores de Keleher en Administración Rosselló

En la vista se discutió el detalle de los dos cargos de conspiración y los hechos relativos.

El primero, basado en fraude electrónico, fue por el manejo de los contratos de Colón & Ponce y de BDO en el Departamento de Educación para subcontratar a María Estela Cestero con el propósito de asistir a Keleher después del huracán María. Cestero había sido directora de campaña del entonces excandidato gubernatorial independiente, hoy secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, quien la recomendó a Keleher. Inicialmente, Cestero asistió a Keleher sin compensación. Cuando la exsecretaria quizo emplearla en la agencia, “oficiales ‘senior’ del Gobierno de Puerto Rico no la dejaron”, dijo Alum. Es ahí que ocurre que ambos contratos, primero el de Colón & Ponce y luego BDO, son enmendados para que Cestero diera la asistencia como subcontratista de esos suplidores. El delito estriba en que el contrato de Colón & Ponce y el de BDO prohibían esas subcontrataciones.

El segundo, basado en fraude en servicios honestos, está relacionado a la carta que Keleher firmó dando su anuencia a que el desarrollador de Ciudadela tuviera acceso a un predio de 1,034 pies cuadrados de la escuela especializada bilingüe Padre Rufo en Santurce para el desarrollo de un parque. El delito estriba en que esto ocurrió a la vez que Keleher realizaba un trámite con Ciudadela para adquirir un apartamento y como parte del cual le concedieron descuentos en el precio y la oportunidad de comenzar a vivirlo por $1 al mes en lo que se finalizaban las formalidades de la compraventa. La suma de estas concesiones, según Alum, es lo que constituye la multa de $21,000 que incluye el acuerdo.

“El tribunal esperará por el informe presentencia para ver si la alegación se acepta”, dijo Besosa al final de la vista.

Vea: Dos cargos de conspiración, y ninguna cooperación, es el acuerdo bajo el cual Keleher se declararía culpable hoy

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