En el caso de Salud, el doctor Carlos Mellado López pidió tiempo para evaluar a profundidad lo que contiene el proyecto.

El Departamento de la Familia mostró un firme rechazo a la intención de prohibir tratamientos hormonales o cirugías para construir la identidad de género en menores de edad, mientras que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) respaldó la acción, basada en un proyecto de ley de la Cámara de Representantes.

Con esas perspectivas de dos agencias de gobierno, sumadas al interés de evaluación del Departamento de Salud, la representante Lisie J. Burgos Muñiz encabezó otro día de vistas públicas en torno al Proyecto de la Cámara (PC) 768, que pretende enmendar la Ley de Protección de Menores para tipificar como abuso sexual, maltrato o maltrato institucional, si aplica, el permitir que un menor se someta a un tratamiento hormonal o cirugías para construir la identidad de género que “no sea congruente a la genética sexual”.

“Quién hubiera dicho hace algunos 20 años atrás íbamos a estar aquí en la Cámara de Representantes tratando estos temas. Pues, entendemos que un mayor de edad, una persona adulta, tiene todo el derecho y la capacidad para tomar decisiones y es responsable de sus actos. Pero, cuando se trata de menores, hay que protegerlos, porque no tienen la capacidad legal y porque son el futuro para nuestra tierra”, aseguró Burgos Muñiz durante la vista pública, celebrada en el salón María Luisa Arcelay, en el sótano del Capitolio.

Aunque el procedimiento que se busca eliminar es uno legal, apoyado por la comunidad científica y por profesionales e instituciones reconocidas de la salud, el proyecto de ley se sostiene en que los menores de edad no tienen “la capacidad emocional, psicológica, ni intelectual para tomar decisiones que conllevan consecuencias irreversibles y son propias de adultos”.

“No existe fundamento psicológico que establezca que fomentar la identidad de género en un menor de edad sea elemento constitutivo de maltrato”, argumentó Carmen Ana González Magaz, secretaria de la Familia.

En su ponencia de unas cinco páginas, la funcionaria planteó que aprobar el PC 768 violentaría los derechos y la dignidad de los niños como seres humanos, lo que a su vez es incongruente con la Sección 1 de la Constitución de Puerto Rico.

Según el proyecto de ley, padres o tutores de los menores que sean sometidos a estos tratamientos se exponen a una pena de cárcel de hasta 12 años y una multa ascendente a $5,000. También multaría a los profesionales de la salud que recomienden este tratamiento a menores de 18 años y a las aseguradoras que cubran estos tratamientos.

“El asunto sobre la identidad de género debe verse caso a caso y no como un asunto punitivo. Dar paso a que se prohíba que un ser humano escoja ver y sentirse de acuerdo con su identidad so pena de que ello constituye maltrato o negligencia, vulnera uno de los derechos más fundamentales de nuestra Constitución en cuanto a que la dignidad del ser humano es inviolable y todos somos iguales ante la ley”, recalcó González Magaz, quien citó a la American Psychological Association (APA) para defender su postura.

En el caso de Salud, la ponencia del secretario, el doctor Carlos Mellado López, se enfocó en el rol fiscalizador de la agencia con lo que estipula el proyecto en cuanto a las multas a los profesionales de salud, si la medida llegara a convertirse en ley.

En un aparte con NotiCel, Mellado López reiteró la importancia de seguir la Ley 139 de 2018 sobre la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas, a toda vez que aseguró que debía evaluar el PC 768 a profundidad para expresar una postura.

“Yo siempre he sido bien claro en eso. Todo lo que maltrate psicológicamente, o sea, no hay una condición, no hay un paciente. En este momento nosotros tenemos que evaluar el proyecto, porque terapias hormonales es más profundo”, declaró Mellado López.

En cambio, el administrador ASSMCA, Carlos Rodríguez Mateo, favoreció la aprobación del PC 768 en una escueta ponencia, en la cual citó columnas de opinión en periódicos —El Observador (2015) y La Razón (2013)— como fuentes primarias. Al igual que la exposición de motivos del proyecto, aseguró que sería beneficioso para los niños y para brindarles un trato digno y proteger sus derechos.

“Cuando hablamos de los tratamientos hormonales y/o en cirugías para construir la identidad de género no congruente a la genética sexual, se está llegando a cambios que serán irreversible en la mayoría de ellos. Si nos basamos en lo precipitado que un menor de edad toma decisiones o la presión de grupo por la que se deja llevar, una mala decisión puede ser perjudicial para su salud”, señaló Rodríguez Mateo, quien además de fungir como senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) hasta el pasado cuatrienio, es médico.

En su ponencia, Rodríguez Mateo afirmó que la Clínica de Mayo, que ofrece servicio de hormonas y cirugía, indica en su página de internet que el tratamiento para la construcción de identidad “no es recomendable para niños”.

Sin embargo, el portal de la clínica provee varios artículos educativos sobre el tema y no comparte esa postura. Al contrario, establece que cuenta con una clínica especializada para personas transgénero y personas intersexuales, en la cual trabajan profesionales de la salud con quienes una persona interesada en el procedimiento se tiene que reunir para ser evaluada. El tratamiento se realiza con el consentimiento de un panel de médicos y de los padres de el o la menor.

El psiquiatra Alexis Torres, quien es especialista en niños y adolescentes, la psicóloga clínica Maribel Rivera Cotto y el neurólogo Juan Moreira Vidal, del grupo Portavoces Conciencia, también respaldaron la medida.

El PC 768 se había presentado junto al PC 683, que pretende prohibir las terapias de conversión, similar a la intención del proyecto sobre este tema que ha tenido un tortuoso trayecto en el Senado. Sin embargo, el de la Cámara baja reconoce la “libertad de expresión profesional” de los profesionales de la salud que las ejecuten.

El PC 768 ha recibido el rechazo de organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, como el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), por considerar que sientan un mal y peligroso precedente para el pueblo.

CABE también se opuso al PC 683, presentado por el representante Luis Raúl Torres Cruz, porque, si bien aparenta intentar prohibir las terapias de conversión, “niega la existencia de las mismas en Puerto Rico y con su lenguaje podría abrir las puertas a la legalización de tales prácticas en Puerto Rico”.

Ambas medidas suponen discutirse en el hemiciclo antes del cierre de sesión el 30 de junio.