Los comisionados electorales sabían de la auditoría, pero no estaban al tanto de quién se encargaría y se enteraron por la prensa.

Aunque entre los comisionados electorales de los cinco partidos políticos hubo un acuerdo unánime de auditar las papeletas de voto adelantado, fue el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, quien decidió que se le encargará la tarea a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG).

La determinación se le informaría a los comisionados en una reunión el jueves en la tarde, pero éstos se enteraron en horas de la mañana por publicaciones de la prensa, lo que provocó desacuerdo sobre el ente electo, sin el aval de los integrantes de la comisión.

Rosado Colomer, por su parte, descansó sobre el hecho de que cumplió con la petición que le hicieran y que no había razón por la cual debía llevar la selección al pleno.

“Yo no veo razón por la cual tengan que participar en una asignación o petición de gobierno que me sale de gratis. Si fuese un ‘request for proposal’ o algo que me costara 50,000 dólares, pues ahí tal vez”, declaró el Presidente de la CEE en un encuentro con la prensa desde el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

Rosado Colomer aseguró que la orden de auditoría no representaba una admisión de fraude o de irregularidades durante el proceso de votación y señaló que la orden se limita a las papeletas bajo el control de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA).

En declaraciones escritas, la inspectora general Ivelisse Torres Rivera confirmó en términos generales que su oficina realizaría “un examen relacionado a procesos administrativos y manejo de papeletas en la Comisión Estatal de Elecciones”, conforme a los poderes y facultades que le otorga su ley orgánica (Ley 15 de 2017).

“Por confidencialidad establecida en la propia Ley orgánica de la OIG, no es posible abundar en más detalles hasta que culmine el examen. La OIG confía la colaboración de todos los funcionarios de la CEE para culminar el proceso prontamente, de forma tal que podamos disipar o aclarar cualquier situación que pueda trastocar la confianza del proceso electoral en Puerto Rico”, expresó Torres Rivera.

De acuerdo a Rosado Colomer, la OIG se movilizaría a la CEE desde hoy, jueves, y comenzaría con una evaluación del trabajo a realizarse, o “scope of work”, junto a empleados y auditores de la CEE.

A preguntas de NotiCel, Rosado Colomer indicó que no ofreció un tiempo límite a la pesquisa y tampoco se comprometió a publicar los resultados del informe final. Apuntó a que eran los comisionados electorales de los partidos quienes tenían que decidir sobre la divulgación.

Comisionados sorprendidos

En horas de la mañana, los comisionados consultados estaban sorprendidos o confundidos con la información difundida y la CEE tampoco ofreció clarificación. No fue hasta pasadas las dos de la tarde que se emitieron expresiones.

El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín Rivera, cuestionó la elección de la OIG porque, a fin de cuentas, es una una agencia de la Rama Ejecutiva.

“Tuvimos una reunión de Comisión para auditoría de papeletas de JAVA y el presidente iba a elegir el ente. Nos enteramos por los medios que el Presidente decidió que no solo sería de JAVA, sino de la elección general y que para eso se escogió a la Oficina del Inspector General”, señaló Valentín Rivera.

Para Valentín Rivera, otras entidades con menor influencia político partidista estaban dispuestas a auditar los procesos, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) o el Colegio de Abogados y Abogadas.

El Presidente de la CEE había rechazado esas entidades como opciones porque entendía que no llevaban a cabo auditorías de este tipo.

“Esto es un asunto electoral, así que requiere el consejo y consentimiento de los comisionados. A mi entender, debe ser un ente externo a la Rama Ejecutivo”, añadió Valentín Rivera.

Por su parte, ni comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) ni su alterna mostraron reparos con que fuera una agencia de la Rama Ejecutiva la encargada de la auditoría.

Ambos subrayaron que no era sorpresa la activación de una auditoría, pues desde hace semanas existen acuerdos de colaboración entre la CEE, la OIG y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y destacaron que el PNP había presentado una moción de auditoría el 20 de octubre y otra la semana pasada.

Sin embargo, ambos Héctor Joaquín Sánchez Alvarado como Vanessa Santo Domingo se enteraron de la selección de la OIG por la prensa. No empece a que la reunión en que suponían recibir la información se tornó académica, ambos intentaron disminuir los niveles de asombro ante el público por esta decisión.

“Aquí han querido inestabilidad y desconfianza y no le pueden dar credibilidad, todo se ha trabajado en balance”, exclamó Sánchez Alvarado, quien apuntó a Rosado Colomer como el responsable de publicar los resultados, pero que en su carácter personal no tenía problema con hacerlo público.