Ocupó la posición hasta el 23 de febrero de 2018, cuando el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares lo destituyó y refirió al Departamento de Justicia.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sometió una querella contra el exadministrador de Servicios Generales, Miguel A. Encarnación Correa, por varios hechos incluyendo hostigamiento sexual cometido contra un empleado de la agencia.

Encarnación Correa llegó a su cargo público el 2 de enero de 2017 después de ser colaborador del Plan para Puerto Rico, el grupo de plataforma del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. Ocupó la posición hasta el 23 de febrero de 2018, cuando el mismo Rosselló Nevares lo destituyó y refirió al Departamento de Justicia.

Como resultado del referido, el exfuncionario enfrentó procesamiento por parte de Fiscales Especiales Independientes (FEI) que concluyó con declaración de culpabilidad por alteración a la paz, cinco infracciones de aprovechamiento ilícito, agresión menos grave y tres cargos de violación a la Ley de Ética Gubernamental.

La querella ética radicada el 31 de julio y conocida hoy cubre esencialmente las mismas alegaciones del caso criminal, a saber:

1) Autorizó a dos empleados que utilizaran dos vehículos oficiales (Dodge Caliber y Mitsubishi Montero) para propósitos personales, incluyendo pagarles la gasolina que usaban los vehículos.

2) Entre agosto y octubre de 2017, con el trasfondo del huracán María, hostigó sexualmente a dos empleados de su agencia. En uno de los casos el resultado se define como crearle un ambiente laboral “intimidante, hostil y ofensivo” mientras que en otro caso el resultado se define como que obtuvo, para sí mismo, “beneficios sexuales”.

3) En septiembre de 2017, también con el trasfondo del huracán, autorizó la compra de 16 generadores eléctricos con dinero de la agencia y autorizó a tres de sus empleados a llevarse generadores a sus casas para uso personal.

La querella imputa dos violaciones a la Ley de Ética (usar propiedad pública para obtener beneficio para sí y para terceros, y omisión en el cumplimiento del deber que causa pérdida de recursos públicos) y pide la imposición de multa de $20,000 por cada violación así como sanción equivalente a tres veces el valor de los beneficios recibidos.