Economistas así como sindicalistas tuvieron opiniones encontradas en cuanto al impacto que tendrá en Puerto Rico la propuesta reforma del presidente de los Estados Unidos, que ampliaría el número de trabajadores con derecho al pago de horas extra, pero admitieron que el panorama actual no pinta muy favorecedor para adoptar este tipo de medidas.

El presidente estadounidense, Barack Obama, firmó la semana pasada un memorándum para que el Departamento de Trabajo reforme las regulaciones sobre el pago de horas extras para permitir que ciertos empleados como ‘ejecutivos, administrativos o profesionales’ puedan cobrar por trabajar horas extras.

Según Obama, hoy día millones de estadounidenses no están recibiendo la paga extra debido a una excepción en la ley que estaba destinada originalmente para los ejecutivos bien pagados, y que ahora cubre a los trabajadores que ganan tan poco como $23,660 al año.

En Puerto Rico, el pago de horas extras está dispuesto constitucionalmente pero se exime a las empresas de pagar el mismo a empleados profesionales y gerenciales al igual que en los Estados Unidos.

El economista José Alameda criticó que se esté tratando de imponer políticas económicas homogéneas en economías heterogéneas.

Dijo que los Estados Unidos es un país que está recuperándose económicamente, contrario a Puerto Rico que está pasando por una depresión económica, y el gobierno ha aprobado una serie de impuestos nuevos como la patente nacional.

‘Nosotros estamos en una situación diferente. A Puerto Rico se le haría oneroso con todos los impuestos adicionales, la fuerte emigración… Se haría difícil aun en el caso de las megatiendas…Todo va a subir’, dijo Alameda.

De otra parte, el economista dijo que no le parecía justo que se les pagaran horas extras a profesionales y administradores cuando hace ya algunos años el gobierno local eliminó la doble paga los domingos para los empleados que cobran por hora al hacer cambios a la Ley Cierre. ‘Eso va a crear más inequidad’, aseguró.

Por su parte, el secretario general de la Central unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE), Federico Torres Montalvo, dijo que en Puerto Rico los convenios disponen de un tiempo compensatorio basado del pago de tiempo y medio de trabajo que podría variar dependiendo de si es un empleado de corporación pública o de agencia. Agregó que hay empleados técnico profesional y gerencial, que contrario a los que ‘ponchan tarjetas’, no reciben pago de horas extras.

Explicó que el pago de horas extras sirve de mecanismo para que el patrono no abuse haciendo que el empleado trabaje demás. No obstante, Torres admitió que no ve ambiente en Puerto Rico para la idea de Obama porque el gobierno tendría que sacar más recursos.

Al presente, la Legislatura está analizando proyectos para reducir el bono de Navidad de los empleados de las corporaciones públicas y se están proponiendo investigaciones en torno el impacto de los convenios colectivos sobre las finanzas del gobierno.

‘En estos momentos, el gobierno lo que quiere es quitarnos beneficios’, recordó Torres. ‘Pero si eso (pago de horas extras a profesionales) se impone, nosotros lo vamos a reclamar’.

De otra parte, el economista Alejandro Silva opinó que la propuesta de Obama podría darle un empuje a la economía al permitir que una mayor cantidad de personas tengan más dinero en sus bolsillos para gastar.

Según Silva, aunque la medida podría tener un impacto negativo a corto plazo, podría resultar a largo plazo en un aumento de ventas y servicios que ayudarían a desarrollar la economía.

‘Gran parte del estancamiento económico ha sido por las políticas de austeridad…Claro está el impacto será dependiendo del tipo de negocio’, dijo.

Destacó que la mayoría de los profesionales que se beneficiarían con la medida son personas de clase media, y no clase alta, contrario a la percepción pública.

A modo de ejemplo, mencionó un gerente de un restaurante de comida rápida que trabaja largas horas sin cobrar horas extras y que por eso, técnicamente, ‘hace menos dinero por hora’ que los demás empleados.

La iniciativa de Obama entraría en vigor en el 2015, y se dice que es un desafío a los republicanos en el Congreso, que ya han bloqueado la mayor parte de la agenda económica del presidente y han dicho que tienen la intención de luchar contra su propuesta de elevar el salario mínimo federal a $10.10 por hora de los $7.25 actuales.