Al filo de las 11 p. m., tras cuatro horas de debate, la Cámara de Representantes aprobó la ‘Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico’, tambien a viva voz como ocurrió en el Senado.

Aunque tras concluir el debate pasada las 10:30 p. m. se había estipulado que la votación ocurriría después de atender otras medidas, ante el hecho de que la portavoz de la minoría, Jenniffer González, solicitara que mejor se aprobara el P. de la C. 2051 (equivalente al P. del S. 1164) porque el proyecto senatorial no contenía todas las enmiendas que quería introducir la Cámara, se adelantó la votación siendo aprobados a viva voz ambos proyectos.

Luego González solicitó se dividiera el cuerpo, resultando 25 votos a favor y 12 en contra.

El presidente de la Cámara de Representantes, JaimePerelló, había adelantado alrededor de las 8:00 p. m. que dicho cuerpo legislativo estaría concurriendo con las enmiendas aprobadas en el Senado a la ‘Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico’.

En un aparte con la prensa, Perelló, expuso que como las preocupaciones que tenían los legisladores fueron atendidas en el P. del S. 1164, estaban en posición de aprobar la medida sin someterle ningún cambio adicional. Una de ellas era que se dejara claro que la base a cualquier proceso sobre la negociación de los convenios colectivos estaba ya dispuesto en la Ley 66.

‘Nuestro plan es que salga directo para la firma del Gobernador’, puntualizó.

De acuerdo al líder cameral, los miembros de dicho cuerpo legislativo por las pasadas dos semanas se habían reunido con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y habían tenido acceso al borrador de la medida.

‘No es un asunto nuevo para mi delegación. Por eso nos ven muy tranquilos, debatiendo con conocimiento del tema’, argumentó.

A pesar de la premura con la que fue aprobada el proyecto, Perelló señaló que esto no quería decir que mañana mismo se iniciaría un proceso para reestructurar la deuda de alguna corporación pública, sino que establecería el marco legal para negociar ‘de buena fe’ por si en algún momento ocurre algún problema de insolvencia satisfacer sus obligaciones.

‘Ojalá no tengamos que utilizarla. Esto no es para tirar la toalla, ni entregarnos en nuestro esfuerzo de cumplir con nuestras obligaciones. Pero Puerto Rico no puede seguir sin un marco jurídico que la proteja… No es una legislación para que se vaya a la quiebra una corporación pública. Es una legislación que de ocurrir una situación tan grave que no se pueda pagar la deuda y haya un proceso de empezar a negociar con los acreedores, Puerto Rico tenga una Ley que proteja el interés público’, detalló.

Finalmente, descartó que se pueda levantar cualquier cuestionamiento de inconstitucionalidad de la medida. Y afirmó que esta legislación más que atentar contra la credibilidad del Gobierno, le da una certeza a los acreedores sobre las reglas de juego para negociar la deuda de las corporaciones públicas y le da estabilidad a los bonos de obligación general (GOs).

La Cámara de Representantes inició su debate del proyecto tan pronto como fueaprobada a viva vozen el Senado.

En un inicio, el representante José ‘Conny’ Varela, presidente de la Comisión de Gobierno, a cargo el P. de la C. 2051 (el equivalente el P. del S. 1164), señaló que el Gobernador estaba tomando las decisiones necesarias que aunque ‘antipáticas’ buscan asegurar la operación de las corporaciones públicas.

Según Varela, la Ley dispone que los acreedores se pueden acoger al Capítulo 2 para reestructurar la deuda, pero si el 75% de los acreedores no quiere reestructurar la deuda, la Ley dispone que se puede acudir a los tribunales a dilucidar la controversia. Esto ocurriría en una Sala Especializada.

Para el expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Antonio ‘Toñito’ Silva, después de que se apruebe esta medida no va haber nadie que le preste dinero al país en adelante. Además, argumenta que esto puede provocar una nueva degradación por parte de las casas acreditadoras.

El representante de minoría criticó que la secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta, le haya dicho previamente que no se iba a reestructurar deuda, para luego el Ejecutivo presentar una medida a esos fines el último día de sesión legislativa.

‘Ustedes saben que este proyecto de ley deroga la cláusula de la Ley 66 de los convenios colectivos?’, le cuestionaba Silva a sus homólogos en la Cámara, al mismo tiempo que expresaba preocupación de que se fuera aprobar la medida de manera expedita, y la que muchos legisladores ni siquiera la habían leído.

Por su parte, el representante Luis Vega Ramos, destacó que la virtud de la Ley es que permite hacer ajuste en la deuda de las corporaciones públicas caso a caso. Y afirma que sin reestructuración no va haber dinero ni para el Gobierno, ni para el país, ni para los acreedores.

Vega Ramos, reitera que los términos establecidos en la Ley 66 no serían alterados con esta medida.

También resaltó que la medida provee un mecanismo transparente, al establecer disposiciones para la radicación de informes periódicos.

La portavoz de la minoría, Jenniffer González, manifestó que ‘con esta medida tiran por la borda cualquier medida de desarrollo económico…Esto es una doble quiebra, es una quiebra económica y una quiebra moral’, apuntó.

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