La mandataria indicó que actualmente existen 2,175 menores bajo custodia del Estado y calculó que los 39 evadidos representan cerca de 1.79% de esa población.
Yadiel Torrales Lazú, de 16 años, fue el joven desaparecido encontrado baleado en Arroyo. (Foto suministrada)
La gobernadora Jenniffer González Colón reconoció el lunes que los 39 menores que permanecen evadidos de hogares o instituciones bajo custodia del Estado representan una cifra alta, luego del asesinato reciente de uno de los jóvenes que había abandonado una de esas instalaciones.
“Un menor, no 39, un menor que pierda la vida es demasiado”, expresó González Colón en conferencia de prensa.
La gobernadora señaló que en 2024 había 89 menores desaparecidos del sistema y sostuvo que la reducción a 39 no elimina la preocupación.
“El que ese número ahora sea 39, aún a mi juicio sigue estando alto”, afirmó.
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González Colón explicó que los menores no permanecen en instituciones penales y que muchos se encuentran en hogares sustitutos o entidades privadas que reciben fondos del Estado.
“Siguen estando bajo la custodia del Estado”, recalcó.
La mandataria indicó que actualmente existen 2,175 menores bajo custodia del Estado y calculó que los 39 evadidos representan cerca de 1.79% de esa población.
Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, explicó que cuando un menor se evade se activa un protocolo que incluye a la Policía de Puerto Rico, Interpol, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y el Negociado Federal de Investigaciones.
“Nosotros no descansamos hasta lograr la localización de esos niños, de esos jóvenes y trabajar con ellos sus circunstancias al momento”, expresó Roig Fuertes.
La secretaria reconoció que todavía no han podido localizar a algunos de los 39 menores, pese a la participación de agencias especializadas en la búsqueda de personas.
Sobre el adolescente que fue asesinado luego de evadirse del hogar Manuel Fernández Juncos, Roig Fuertes sostuvo que el hogar notificó la situación y que los protocolos se activaron dentro del tiempo correspondiente.
“En este caso, en efecto, todos los protocolos se levantaron a tiempo y desde entonces hemos estado trabajando con estos protocolos”, sostuvo.
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González Colón señaló que el Estado debe evaluar en cada caso si el menor recibió las herramientas necesarias, si existieron cambios de conducta o patrones que no se identificaron y si se mantuvo vinculado a la escuela y otros servicios.
La gobernadora sostuvo que las circunstancias de cada menor son distintas y que el Gobierno no puede tratar los hogares como instituciones carcelarias ni restringir físicamente a los jóvenes para impedir que abandonen las instalaciones.
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