“Cualquier medida que cree o aumente los pagos de pensión definida o las obligaciones tiene que ser evaluada contra el Plan de Ajuste”, dijo Robert Mujica.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le bajó el dedo hoy a la propuesta de la gobernadora de elevar el mínimo de todas las pensiones a $1,000 al describir la propuesta como una “irresponsabilidad fiscal”.

En una carta del director de la Junta, Robert Mujica, le indica a la gobernadora Jenniffer González y a los presidentes legislativos que la entidad entiende los retos económicos de los pensionados, pero que esa realidad se tiene que evaluar contra el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central.

La legislación fue discutida el viernes en la Cámara de Representantes y esta tarde la gobernadora Jenniffer González reconoció que no se había identificado el dinero para financiar los aumentos.

Mujica indica que la sección 83.4 del acuerdo estipulado e el tribunal indica que se prohíbe al gobierno presentar y aprobar legislación que aumente pensiones de beneficio definido por un espacio de 10 años.

“Cualquier medida que cree o aumente los pagos de pensión definida o las obligaciones tiene que ser evaluada contra el Plan de Ajuste”, indica Mujica.

“La disponibilidad de fondos en un año fiscal en particular no es suficiente para demostrar que un beneficio de pensión permanente sea asequible o sostenible. Establecer una obligación de pensión recurrente sin contabilizar y financiar plenamente todos sus costos es fiscalmente irresponsable, frena la recuperación financiera de Puerto Rico y corre el riesgo de devolver a Puerto Rico a las prácticas de gasto que lo llevaron a su quiebra y a la promulgación de PROMESA”, agregó.