¿Quien tiene la deuda pública? ¿Con quien está negociando el gobierno? La respuesta estaría en una base de datos que prepara la compañía BondCom para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), según un contrato que identificó el Centro de Periodismo Investigativo.

Bond Holder Communications Group, que es el nombre corporativo de BondCom, fue contratada el 12 de junio de 2015 para elaborar una ‘Base de Datos para la Comunicación con los Bonistas’ que debe contener información sobre los bonos emitidos por el BGF y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), así como por otros emisores de deuda del gobierno de Puerto Rico seleccionados por el BGF y BondCom.

La información recopilada por esta empresa debe incluir el total de los bonos en poder de los inversores que han comprado deuda del gobierno de Puerto Rico y su valor total. La presidenta del BGF, Melba Acosta, se reunió ayer en Nueva York con un grupo de bonistas que ya han formalizado acuerdos de no divulgación que rigen las discusiones en torno a posibles transacciones asociadas con la deuda del ELA.

El contrato de BondCom fue firmado inicialmente por un tope de $100,000. En principio, tenía vigencia hasta el 30 de junio, pero fue enmendado para extenderse hasta el 31 de diciembre de 2015.

Según el BGF, ya hay avances en las tareas de esta empresa. ‘Bondcom ha producido la identidad de varios tenedores de deuda relacionada con el Banco Gubernamental de Fomento, la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica. El BGF está en un análisis de cuánta de esa información puede ser pública, debido a la existencia de ciertos acuerdos de confidencialidad con BondCom y con otras entidades subcontratadas por dicha compañía y debido a que no se puede afectar los derechos de terceros’, dijo al CPI la presidenta del BGF mediante su oficina de prensa.

El contrato indica que todos los datos recopilados por BondCom serán propiedad del BGF, quien tendrá el derecho de usarlos y proveerlos a terceros. ‘BondCom debe manejar los datos de un modo diseñado para asegurar que no se hagan públicos, debe tratarlos de forma estrictamente confidencial y no debe revelar los datos a nadie excepto al BGF’, lee el acuerdo.

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