A sólo dos semanas de que venza el plazo para negociar los convenios colectivos, la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER) no cuenta con el desglose de todos los ahorros que se consiguen de la nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, por lo que entienden que no hay voluntad de negociar, sino de imponer una carga arbitraria sobre los trabajadores.

Ante esta alegada dilatación, la UTIER radicó el viernes una apelación ante la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico para que ordene a la corporación a entregar los documentos que La Fortaleza acordó entregar en reunión el 16 de junio. Con esta movida, la UTIER se convirtió en la primera unión en radicar una apelación de la Ley 66.

‘Si es real que persiguen ahorros y no una reforma laboral, que nos digan por artículo cuánto es el ahorro… Si realmente estos proyectos de Ley persiguen ahorros, por qué hay tanta dilación?’, cuestionó el presidente, Ángel Figueroa Jaramillo.

En comunicación escrita, el director de la AEE, Juan Alicea Flores, destacó que se le entregó a los unionados un ‘resumen comparativo’ del impacto en los convenios colectivos, así como otros siete documentos de las finanzas de la corporación. ‘La UTIER cuenta con la información necesaria para sentarse a dialogar’, señaló Alicea Flores, quien se expresó confiado que las reuniones prosigan en pos de la paz laboral entre los sindicatos y la gerencia.

Los líderes obreros destacaron, sin embargo, que no se les ha entregado el detalle del impacto por unión y según se afecta cada disposición del Convenio Colectivo de cada una de las uniones de forma individual. Figueroa Jaramillo reconoció que la AEE les entregó un desglose, mas cuando se le preguntó si ahí estaban contenidas todas las disposiciones del convenio que serían alteradas, se les dijo que no.

En conferencia de prensa, la UTIER alertó que pese a que las autoridades han dicho que el ahorro promedio por trabajador es de $3,700, la cifra varía de acuerdo a la corporación pública y a la unidad apropiada. Tras una primera reunión con Alicea, se les informó que cada trabajador de la UTIER representa un ahorro de $24,000.

‘No hay millonario en este país que pague en contribuciones $24,000 como pretenden que salgan de la clase trabajadora’, denunció el portavoz del comité negociador, Ricardo Santos. ‘Los convenios colectivos son instrumentos de paz laboral. Si no hay derecho, no hay paz’, agregó. A preguntas de este diario de si eso significaría una huelga en agosto, Figueroa Jaramillo aseguró que será la última alternativa.

Enfatizó, sin embargo, que la Ley en su Artículo 14 protege al patrono aunque se siente a negociar de mala fe.

La Ley 66 incluye la eliminación del bono de productividad, de liquidaciones, bono de riesgo, licencia a representantes de la Unión, licencia por accidente de trabajo, niveles de mérito y reclasificaciones. Se reduce, además, en un 85% el total del bono de Navidad.

Los unionados reiteraron que la administración pretende citarlos a una negociación a ciegas. Defendieron que sus reclamos son justos, pues pretenden velar por la transparencia del proceso. Alicea reiteró, por su parte, su llamado a continuar el diálogo. ‘Es el momento de que todos seamos parte de la solución y no del problema’, declaró el funcionario, previo a solicitarle a la UTIER que descontinúe las instrucciones para que el personal renuncie a las sustituciones de plazas y a la negativa de trabajar el tiempo extraordinario requerido.

‘Tenemos derecho a diferir, a lo que no tenemos derecho es a incitar la confrontación ni a interferir con el servicio que brindamos. Dichas instrucciones atentan contra el servicio que ofrecemos’, subrayó, mientras los unionados criticaban la campaña de difamación que les ha señalado como los causantes de la crisis y ha provocado hasta agresiones de parte de la ciudadanía a los obreros.

Figueroa Jaramillo alertó, además, que entre los documentos entregados hay contradicciones. Mientras el presupuesto proyectado calcula un ahorro de $33 millones a consecuencia de los ‘ajustes’; en un informe especial que se le entregó como parte de la negociación, se detalla un ahorro de $115 millones por el impacto económico de la Ley.

Al preguntársele por qué la diferencia en cálculo, Figueroa Jaramillo contestó: ‘eso es lo que le estamos pidiendo al Director que nos evidencie’.