Un país que no garantiza el camino a la escuela no puede decir que garantiza la educación.

La Federación de Porteadores Escolares lanzó una advertencia que debería alarmar al país. Desde el próximo lunes, entre 5,000 y 10,000 estudiantes, incluido estudiantado de educación especial, podrían quedarse sin transportación escolar.

De las 225 compañías que ofrecen el servicio, entre 40 y 50 llevan desde abril y mayo sin cobrar. Muchas de ellas son las que más estudiantes transportan. La deuda del Departamento de Educación asciende a $9.5 millones hasta mayo y podría superar los $30 millones si se suman septiembre y octubre. Algunas empresas ya no pueden pagarle a su personal y otras perdieron el crédito para comprar diésel.

Una de ellas cesó operaciones y dejó a unas 400 personas estudiantes sin transporte. Su dueño usó el combustible que le quedaba para mover una sola guagüita de educación especial. Mientras tanto, las explicaciones oficiales van de los problemas presupuestarios al nuevo sistema financiero del gobierno. .

El retraso del pago es la punta del iceberg. El propio Departamento de Educación reconoció ante el Senado que cerró 638 escuelas entre el 2012 y el 2021. Cada escuela cerrada alejó a la niñez de su comunidad, sobre todo en la ruralía. La distancia entre la casa y el plantel creció, y con ella creció la inversión de tiempo, esfuerzo, y la incertidumbre de las familias afectadas. Por tanto, la transportación escolar dejó de ser un servicio complementario. Se convirtió en la condición para que el derecho a la educación exista. ¿Cómo se justifica cerrar la escuela del barrio y luego no pagar el autobús que la sustituye?

La niñez de educación especial carga con la parte más pesada. Puerto Rico tiene la proporción más alta de estudiantes con Programa Educativo Individualizado entre las jurisdicciones de Estados Unidos. Para muchas familias empobrecidas, la escuela es el único lugar donde reciben terapias, servicios relacionados y acompañamiento especializado. Cuando el autobús no llega, no se pierde solo un día de clases. Se interrumpe una terapia. Se rompe una rutina que tomó meses construir. Se retrocede en procesos que no admiten pausas. No puedo nombralo de otra forma que no sea una violación al derecho a una educación apropiada.

Mientras tanto,  en el Gobierno el dinero parece tener otras prioridades. Las autoridades aseguran que los fondos están identificados, pero siguen esperando por trámites entre la Junta de Supervisión Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Para otros asuntos, sin embargo, el gobierno sí encuentra cómo contratar y pagar rápido.  Sobre estos asuntos se construye una economía política de la espera. En esto, la burocracia es ágil con quienes tienen acceso al poder y lenta con las poblaciones vulnerabilizadas. La niñez y el resto de los grupos vulnerabilizados abundan en los eslóganes de campaña, pero escasean en las prioridades presupuestarias.

Hay otra dimensión de este tema. El sistema educativo está diseñado como si toda familia tuviera una persona adulta disponible. Un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde choca con los empleos precarizados, los turnos rotativos y la falta de licencias. Cuando falla la transportación, la escuela le traslada su problema a las familias. Son, sobre todo, madres solas quienes deben escoger entre cumplir con su empleo o llevar a sus hijas e hijos a la escuela. Esto no es irresponsabilidad individual. Es un diseño adultocéntrico y de clase que invisibiliza la vida cotidiana de quienes trabajan.

Desde el trabajo social propongo que se declarare la transportación escolar, en particular la de educación especial, como un servicio esencial con fondos protegidos y pagos en fechas fijas. Estas crisis cíclicas exigen crear un fondo de contingencia para que las necesidades de la niñez no dependa de la liquidez de empresas privadas. Se debe analizar poder integrar a quienes ejercen el trabajo social escolar en planes de continuidad que identifiquen, caso a caso, al estudiantado en mayor riesgo. Hace años se conversa el poder revisar con las familias y las comunidades los horarios escolares y la ubicación de los servicios. Finalmente es importante detener cualquier nuevo cierre de escuelas que no evalúe antes su impacto en la transportación y en la educación especial.

Un país que no garantiza el camino a la escuela no puede decir que garantiza la educación. Las niñeces no son una partida presupuestaria que puede esperar. Son sujetos de derechos. O pagamos ahora el camino a la escuela, o nos resignamos a que el derecho a la educación depende del flujo de caja del gobierno.