La medida busca convertir en ley las protecciones de acceso a las escuelas públicas, evitar el discrimen y salvaguardar la información personal de estudiantes inmigrantes.
Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz durante la sesión del jueves. (Suministrada)
El Senado de Puerto Rico aprobó el jueves una medida legislativa que busca garantizar el acceso a la educación pública a menores inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, y establecer protecciones para evitar que su situación migratoria o la de sus padres represente un obstáculo para recibir servicios educativos.
El Proyecto del Senado 1062, presentado por la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nitza Morán Trinidad, propone crear la Ley de Equidad Educativa para Estudiantes Inmigrantes y Estudiantes con Estatus Migratorio No Definido en Puerto Rico, mediante la cual se establecerían garantías relacionadas con la matrícula escolar, la confidencialidad de información personal, el discrimen y las intervenciones de autoridades migratorias en los planteles.
La legislación procura elevar a rango de ley protecciones que actualmente dependen de disposiciones administrativas, de manera que su aplicación no quede sujeta exclusivamente a los protocolos establecidos por el Departamento de Educación.
Durante la discusión de la medida, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió la necesidad de establecer estas garantías mediante legislación y no limitarse a las disposiciones administrativas existentes.
“Se trata de si estamos a favor de tener el mayor rigor posible para proteger a este sector de la población que está aquí, que es productivo y que recibimos con los brazos abiertos, o no. Se trata de si creemos que nos basta con una orden administrativa o si queremos que sea una ley. Es así de simple”, expresó Rivera Schatz.
El líder senatorial sostuvo que la aprobación de la medida representa un mensaje sobre la responsabilidad de las instituciones gubernamentales de proteger a esta población. “La medida tiene un propósito noble y envía el mensaje correcto”, agregó.
Por su parte, Morán Trinidad explicó que la iniciativa no se limita a menores cuya situación migratoria no está definida, sino que también contempla a estudiantes que poseen un estatus legal establecido, pero cuyos padres enfrentan circunstancias migratorias distintas.
“Estamos hablando de menores con estatus migratorio no definido, pero también de niños y jóvenes que tienen su estatus definido y cuyos padres pueden encontrarse en otra situación migratoria. Aquí lo que se busca es proteger al menor”, sostuvo la legisladora.
“Hoy, con la creación de esta Ley de Equidad Educativa para Estudiantes Inmigrantes y Estudiantes con Estatus Migratorio No Definido en Puerto Rico, protegemos a la niñez. No importa su nacionalidad”, añadió.
La legislación reconoce el derecho de los menores a recibir educación pública, gratuita y obligatoria, sin que su nacionalidad o condición migratoria constituya un impedimento para acceder al sistema escolar.
Además, contempla salvaguardas contra el acoso, el trato discriminatorio y la divulgación indebida de información personal, así como disposiciones relacionadas con las intervenciones de autoridades migratorias dentro de los centros educativos.
La senadora Roxanna Soto Aguilú también respaldó la iniciativa y destacó que su alcance incluye a estudiantes de hasta 21 años que reciben servicios del Departamento de Educación.
“El proyecto de lo único que habla es de establecer una política pública del derecho de acceso a educación pública gratuita que van a tener los menores hasta los 21 años de edad en el Departamento de Educación, sean migrantes, tengas un estatus migratorio no definido, que es que no tengas identificaciones, o sea un ciudadano”, manifestó.
Ordenan investigar servicios de Educación Especial
En otros asuntos relacionados con el sistema educativo, el Senado aprobó la Resolución 629, que ordena investigar los servicios de transición que reciben los estudiantes del Programa de Educación Especial, particularmente aquellos ubicados en las Rutas 2 y 3.
La investigación examinará el acceso de estos estudiantes a programas vocacionales, técnicos y agrícolas, oportunidades de aprendizaje en escenarios laborales, empleo con apoyo y servicios dirigidos a desarrollar destrezas
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