Las organizaciones advirtieron que el acceso de los periodistas a La Fortaleza y a los funcionarios del Ejecutivo no puede depender de la discreción de los funcionarios, ni de las conveniencias de la administración.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), el Overseas Press Club de Puerto Rico (OPC) y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, por sus siglas en inglés) exigieron a la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón que atienda con acciones concretas las restricciones y prácticas que obstaculizan la cobertura periodística, el acceso a la información pública y la fiscalización de la gestión gubernamental.

Las organizaciones advirtieron que el acceso de los periodistas a La Fortaleza y a los funcionarios del Ejecutivo no puede depender de la discreción de los funcionarios, ni de las conveniencias de la administración.

Los reclamos fueron presentados a la Gobernadora el pasado 9 de octubre, durante una reunión con representantes del gremio periodístico, quienes expusieron las dificultades que enfrentan los periodistas que cubren La Fortaleza y las distintas agencias gubernamentales. Durante el encuentro, la Gobernadora se comprometió a resolver con inmediatez algunos de los reclamos planteados. Sin embargo, a casi un mes de la reunión, esos compromisos aún no se han traducido en acciones concretas ni se han resuelto los problemas señalados.

Entre las principales exigencias figura el restablecimiento de un espacio de trabajo adecuado para la prensa dentro de La Fortaleza o en sus predios inmediatos. El cierre de la sala de prensa, sin previo aviso y sin habilitar una alternativa funcional, ha afectado las condiciones en que los periodistas realizan su trabajo. El Palacio Rojo, por su ubicación fuera de las instalaciones principales, no constituye un espacio que permita atender con agilidad las incidencias noticiosas de la Mansión Ejecutiva.

Asimismo, reclamaron que se garantice el acceso efectivo de los periodistas a La Fortaleza, incluso cuando no haya conferencias de prensa o actividades oficiales, y que se publique el
protocolo de acceso y cobertura anunciado por el Gobierno tras requerir el uso de la identificación del Departamento de Estado.

Las organizaciones puntualizaron las dificultades para obtener respuestas de los portavoces de prensa, el incumplimiento de compromisos de entregar información posteriormente y las tardanzas excesivas en las conferencias de prensa a consecuencia de la impuntualidad de la Gobernadora. Exigieron directrices claras a los equipos de comunicaciones de las agencias para garantizar respuestas oportunas a las solicitudes.
Reclamaron también la divulgación oportuna de la agenda oficial de la Gobernadora y que los anuncios de importancia pública no se limiten a transmisiones en redes sociales que evadan el
cuestionamiento de los periodistas.

“Los periodistas no están para validar discursos oficiales, reproducir mensajes gubernamentales ni servir a la propaganda de ninguna administración. Su deber es informar con independencia, contrastar versiones, cuestionar el poder y exigir respuestas en beneficio del interés público”, dijo Wilma Maldonado Arrigoitía, presidenta del OPC. “El colmo fue la
falsa conferencia de prensa que transmitieron mediante las redes sociales oficiales y le hicieron creer al público que allí había periodistas. Fue una burla total al público”, añadió.

La presidenta de la Asppro, Nydia Bauzá, subrayó que el libre ejercicio del periodismo es un derecho constitucional que no puede tener cortapisas ni componendas. “Esta práctica de simular una conferencia de prensa sin periodistas es inaceptable. El deber de los funcionarios del gobierno que estaban allí, en todo caso, era cuestionar la ausencia de periodistas, no fingir, mientras a colegas que llegaron después hasta el Palacio de Santa Catalina no se les permitió pasar”, denunció Bauzá.

“No solicitamos privilegios ni un trato preferencial. Reclamamos condiciones adecuadas para ejercer nuestra profesión y mecanismos efectivos para cumplir con el deber de informar y fiscalizar el uso del poder público”, dijo Harvey Cabassa, presidente de NAHJ en Puerto Rico.

El gremio periodístico denunció, además, el menosprecio y los ataques a la credibilidad de los periodistas por parte del secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, quien en programas de radio y pódcast ha hecho expresiones despectivas y de descalificación profesional que contribuyen a desacreditar la labor periodística ante la ciudadanía.

Los grupos representativos de los periodistas en Puerto Rico recalcaron que la prensa no es un adversario político ni un instrumento de relaciones públicas del Gobierno. Es un componente esencial de la democracia y, por lo tanto, la fiscalización periodística no está sujeta a la conveniencia de una administración gubernamental.