Para recibir atención preferente, los beneficiarios deberán presentar una identificación o documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el lunes una ley que permite a padres, madres, tutores y encargados de personas con impedimentos utilizar las filas de servicio expreso y los turnos de prioridad sin necesidad de estar acompañados por la persona bajo su cuidado.

“Una madre o un padre no debe tener que exponer a su hijo a un ambiente que pueda afectar su salud para recibir un servicio con prioridad. Con esta ley facilitamos sus gestiones y reconocemos el tiempo y la atención que requiere el cuidado de una persona con impedimentos”, expresó González Colón en declaraciones escritas.

La Ley 218-2026, correspondiente al Proyecto de la Cámara 227, de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, enmienda la Ley Uniforme sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad para extender el beneficio a estos cuidadores, independientemente de si realizan gestiones personales o relacionadas con la persona con impedimentos.

Para recibir atención preferente, los beneficiarios deberán presentar una identificación o documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación.

Entre las disposiciones de la nueva ley figura la inclusión expresa de la Rama Judicial entre las entidades obligadas a ofrecer filas de servicio expreso y turnos de prioridad. También incorpora a la Oficina de la Procuradora de la Mujer y a la Oficina del Procurador del Ciudadano entre los organismos encargados de fiscalizar su cumplimiento.

La Defensoría de las Personas con Impedimentos tendrá 30 días desde la aprobación de la ley para preparar y publicar un afiche informativo que deberá distribuir digitalmente a las entidades correspondientes. Estas tendrán que colocarlo en lugares visibles y ajustar sus procedimientos y sistemas de atención.

Asimismo, la legislación establece que las filas expreso y los turnos de prioridad deben permanecer disponibles en todo momento, sin que su funcionamiento pueda condicionarse a la cantidad de empleados disponibles ni a requisitos adicionales.

Por otra parte, González Colón convirtió en la Ley 219-2026 el Proyecto de la Cámara 998, de la representante Estrella Martínez, que declara esenciales los servicios de cuidado sustituto para adultos mayores y adultos con diversidad funcional.

Esta legislación establece prioridad para tramitar los pagos por servicios subvencionados durante estados de emergencia, con el propósito de proteger la continuidad de las operaciones en establecimientos residenciales que ofrecen cuidado las 24 horas del día.

Otra medida firmada fue el Proyecto de la Cámara 569, del representante Emilio Carlo, convertido en la Ley 220-2026, que crea el Programa de Transición y Reintegración Laboral de Policías Estatales Retirados de Puerto Rico.

El programa estará adscrito a la Policía de Puerto Rico y ofrecerá orientación profesional, capacitación, educación financiera y apoyo psicológico a los agentes próximos a retirarse o que hayan concluido su servicio durante los cinco años anteriores.

Podrán participar voluntariamente los policías estatales que se encuentren dentro de los doce meses previos a su retiro, así como quienes estén dentro de los primeros cinco años posteriores a la fecha efectiva de su salida.

Los servicios incluirán preparación para entrevistas de empleo, elaboración de currículos, certificaciones y adiestramientos en seguridad, tecnología, primeros auxilios, gestión de riesgos y emprendimiento. También se ofrecerá asistencia psicológica individual y familiar, principalmente mediante la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.

Finalmente, la gobernadora vetó el Proyecto de la Cámara 598 por discrepancias entre el propósito y el contenido de la medida, además de su impacto fiscal no presupuestado para el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

González Colón sostuvo que los tratamientos de salud mental dirigidos a la población correccional deben responder a evaluaciones médicas y planes individualizados.