Se le imputaba conducta criminalmente negligente por divulgar información confidencial de la senadora Joanne Rodríguez Veve.

Los resultados de la investigación realizada por el Departamento de Justicia y el escrutinio a la prueba recopilada realizada por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), no sostienen que la Procuradora de las Mujeres, Lcda. Astrid Piñeiro Vázquez, hubiera actuado con el propósito de divulgar información confidencial de un alegado incidente de violencia doméstica de la senadora Joanne Rodríguez Veve.

De acuerdo con un comunicado del PFEI, al no existir evidencia que permita fundamentar una imputación de conducta criminalmente negligente, el Panel acogió la recomendación de Justicia y determinó no designar un fiscal especial para investigar a Piñeiro Vázquez. En consecuencia, decretó mediante Resolución, el archivo del asunto.

“Reconocemos y comprendemos la preocupación de la senadora ante la circulación de información personal y el impacto que manifestó haber experimentado. No obstante, tales circunstancias, aun consideradas junto con sus objeciones a las expresiones públicas de la Procuradora, no sustituyen la evidencia necesaria para establecer causa suficiente para creer que esta incurrió en conducta delictiva”, citó el Panel, tras coincidir con la evaluación y la recomendación de la secretaria de Justicia, Lourdes Gomez Torres.

Precisó la entidad que, la investigación atendió los señalamientos formulados y agotó diversas vías de corroboración, sin producir la evidencia necesaria que vinculara a la procuradora con los delitos antes mencionados.

Rodríguez Veve había planteado posibles infracciones a disposiciones de la Violence Against Women Act, la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito y la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.

Como parte de la investigación preliminar, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor examinó documentos, declaraciones de personas entrevistadas, investigaciones relacionadas con los hechos y expresiones públicas atribuidas a la procuradora.

“El expediente no obtuvo evidencia suficiente de que la Procuradora hubiera realizado la divulgación inicial, participado en ella o revelado posteriormente información protegida en los términos de las disposiciones penales analizadas. Tampoco se identificó la prueba necesaria para atribuirle el estado mental requerido por los delitos examinados”, sostuvo el PFEI.

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