Ángel Silverio Linares, exvicepresidente de la empresa, reclama $2 millones y alega que lo sustituyó un subalterno identificado con el PNP.

Un exejecutivo de LUMA Energy demandó a la empresa en el Tribunal Federal alegando que lo despidieron por negarse a tolerar la «politiquería» del Partido Nuevo Progresista (PNP) y por ser negro, dominicano y de 51 años. Reclama una compensación millonaria.

En la demanda presentada el 3 de octubre, alega que LUMA lo sustituyó con el actual vicepresidente de LUMA, Alejandro González Laboy, quien es blanco, puertorriqueño, más joven y activista del PNP, aunque tiene menos experiencia administrativa. Silverio Linares era el único ejecutivo negro y el único de origen dominicano en el equipo ejecutivo de Operaciones de la empresa, según reza el documento legal.

El demandante, Ángel Silverio Linares, comenzó en LUMA en 2021 como director de Flota y en 2023 se convirtió en vicepresidente de Excelencia Operacional. Una de sus encomiendas principales era estandarizar procedimientos y erradicar la cultura de politización impropia que la empresa heredó de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El entonces principal oficial ejecutivo de LUMA, Juan Saca, respaldó esa encomienda. El 4 de febrero de 2024, Silverio Linares le escribió que había dado un mensaje de cero tolerancia a la «politiquería» a los líderes de línea de la empresa, a lo que Saca respondió: «mano fuerte, por favor» y «esta nota me ha hecho el día».

La demanda explica que, precisamente por su enfoque apolítico y sin rodeos, el demandante enfrentó fricciones constantes con funcionarios abiertamente identificados con el PNP.

Silverio Linares cuenta que, mientras ejercía su puesto, encabezó una investigación contra el gerente de la División Este de LUMA, Wilfredo Jiménez, a quien describe como activista del PNP que tomaba decisiones de personal basadas en la afiliación política. Según la demanda, Jiménez fue disciplinado por el demandante en tres ocasiones distintas por incumplir las políticas y procedimientos de compras de la empresa.

La demanda también señala a Mariano Mier Romeu, vicepresidente de Compras y Contratos de LUMA, a quien describe como activista del PNP. Según el documento, Mier anuló contratos de flota que manejaba Silverio Linares y, desde entonces, llevó una «campaña implacable» para socavar su autoridad.

Mier llegó a LUMA en febrero de 2022, tres meses después de renunciar como comisionado de Seguros designado por el gobernador Pedro Pierluisi. Pasó cerca de un año en ese cargo sin que el Senado atendiera su nombramiento, que Pierluisi sometió tres veces. LUMA lo nombró luego principal oficial de Cumplimiento.

En 2024, además de desempeñares en su puesto, a Silverio Linares se le asignó de forma interina y sin paga adicional el de vicepresidente de Líneas de Distribución, donde supervisó a los directores de Distribución Andy Andreu Banebe y Alejandro González Laboy.

En enero de 2025, el demandante fue despojado de su posición original y quedó solo en Líneas de Distribución, con muchas menos responsabilidades de las que ejercía antes.

En marzo de 2025, tras encontrar obstáculos en todos los niveles de la jerarquía, el demandante elevó a Saca el asunto de la «politiquería» en LUMA. Según la demanda, el ejecutivo reconoció que Andreu y González eran parte del problema de politización en la empresa, pero no tomó ninguna acción y, en cambio, apoyó a González a espaldas del demandante.

Preocupado, Silverio Linares le informó a su supervisor inmediato, el entonces vicepresidente sénior de Operaciones Kevin Burgemeister, que González y Andreu se reunían con Saca sin su conocimiento. Burgemeister le aseguró que les pondría un pare, pero supuestamente no ocurrió nada.

Un mes después, la directora de Bajo Voltaje, Kathy Roure Moulier, le dejó saber al demandante que no se veía bien y le dijo que se apoyara en su fe y que todo saldría bien. Días después, le regaló una placa que decía «Pray, Trust, Wait» (Ora, confía, espera) y una tarjeta con el versículo bíblico de Isaías 48:22, que dice «no hay paz para los malvados».

Roure Moulier trabajó 26 años en servicio al cliente de la AEE antes de pasar a LUMA, donde ha sido gerente regional de la División Este y directora de iniciativas estratégicas. En 2022, la empresa la designó para dirigir su Iniciativa de Reducción y Respuesta a Interrupciones, en medio de una ola de apagones. Entonces salieron a relucir fotos que la vinculaban al PNP, y el senador Thomas Rivera Schatz confirmó que había sido presidenta de la Juventud del partido.

Ya para mayo, el ambiente laboral se volvió más hostil. Según alega el demandante, se enteró por un empleado del taller de reparaciones de que Olga Ramos, empleada de la facilidad de LUMA en Monacillos, comenzó a regar rumores de que se realizaba una investigación sobre supuestas «acciones» del demandante que conducirían a su despido.

El demandante llevó los rumores a la atención de Burgemeister, objetó la naturaleza y la premisa de la supuesta investigación y se quejó otra vez del ambiente políticamente cargado en que esta se llevaba a cabo. Nuevamente, Burgemeister no hizo nada, según la demanda.

El demandante alega que el 1 de julio de 2025 LUMA completó su acto final de discriminación y represalias al despedirlo, sin causa ni acción disciplinaria previa, por haberse opuesto a lo que llamó «prácticas ilegales». Tras su salida, la empresa nombró a González en su puesto, primero de forma interina y luego de manera permanente.

La demanda también contrasta su despido con el trato que recibió su primer supervisor, Lawrence Kazmierski, un estadounidense blanco y mayor que Silverio Linares, a quien LUMA retuvo como consultor tras su salida de la empresa en 2025.

Según la demanda, cualquier razón que LUMA ofrezca para el despido es un pretexto. Silverio Linares sostiene que nunca fue disciplinado, que siempre cumplió o superó las expectativas de desempeño y que lo sustituyeron personas más jóvenes, de otra raza y origen nacional, y alineadas con la misma corriente política que la empresa le había encomendado erradicar. El exejecutivo reclama no menos de $2 millones en salarios perdidos y daños, además de su restitución en el puesto.

La demanda invoca la Ley contra el Discrimen por Edad en el Empleo (ADEA) y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, ambas federales, así como las leyes locales 100, que prohíbe el discrimen en el empleo, incluido el político; 80, sobre despido injustificado; y 115, que protege a los empleados contra represalias. También incluye reclamaciones por difamación y daños.

La demanda llega mientras LUMA enfrenta el intento del Gobierno de cancelar su contrato. En diciembre de 2025, la administración de la gobernadora Jenniffer González demandó al consorcio en el Tribunal Federal de San Juan para que se declarara nula la extensión del contrato otorgada en noviembre de 2022.